Hugo Xavier Oliva, director del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha, espera una respuesta del pleno del CJ sobre el pedido de suspender el trabajo presencial en dependencias judiciales.

A través de un oficio, el lunes 13 de julio Oliva alertó a Pedro José Crespo, director general del CJ, de que el personal jurisdiccional y administrativo podría tener riesgo de contagio por covid-19.

Según el escrito, de los 1.800 funcionarios de dicha jurisdicción, al menos 70 están contagiados, lo que representa al 3.9% de los servidores públicos. Esta semana se confirmó que ocho personas del complejo judicial sur fueron aisladas, luego de que una de ellas diera positivo para covid-19.

La atención en el complejo judicial sur, centro, norte, así como en las instalaciones de la Dirección Provincial de Pichincha, se desarrollan con normalidad desde junio pasado, tal y como lo dispuso la Judicatura. Esto, para retomar la atención luego de que el servicio fuera suspendido entre marzo, abril y mayo pasados, debido a la emergencia sanitaria.

El director del CJ de Pichincha advirtió que si bien se mantienen las actividades en dichas dependencias, se incrementaron las medidas de seguridad para evitar posibles contagios.

Entre las medidas se concentraron labores de fumigación. El pasado lunes se cumplió con esta medida, lo que generó un retraso de una hora en la atención en el complejo sur, pero no impidió que se restableciera el servicio. Oliva informó además que hay controles para que no se aglutine el público.

El funcionario advirtió que muchas veces los usuarios no acogen estas recomendaciones y es cuando se generan largas filas en los exteriores de las dependencias.

Juan José Morillo, vocal del CJ, señaló que para analizar el pedido de Oliva, se solicitó información que sirva de insumo para la resolución del pleno, como son los informes de Talento Humano y del Departamento Médico.

Inversión en bioseguridad

La administración del CJ ha hecho inversiones para garantizar la continuidad de los servicios de justicia. Se implementaron herramientas de tecnología como el sistema de videoaudiencias domiciliarias, para garantizar la distancia social como medidas para evitar contagios del covid-19.

Entre el 17 de marzo y 20 de junio de este año, hasta las ventanillas físicas de las dependencias de Pichincha ingresaron 54.770 escritos. Con el apoyo de las ventanillas virtuales, se logró recibir 6.541 trámites entre el 11 de mayo y el 30 de junio. Entre el 17 de marzo y el 30 de junio ingresaron 20.867 escritos de forma virtual.

Gracias a la autogestión y a los acuerdos con fundaciones e instituciones públicas y privadas, se recibió un total de 20.184 insumos de bioseguridad como guantes de látex, mascarillas, alcohol en gel, entre otros.

En cuanto a las labores de limpieza, el personal responsable cumplió con 126 desinfecciones y sanitizaciones en todas las dependencias judiciales. Esta tarea se realiza de forma periódica y se replica en espacios asignados para casilleros judiciales.

El Municipio de Quito también se sumó a la entrega de pruebas de covid-19. El 3 de julio pasado, la Secretaría de Salud realizó pruebas basadas en el análisis de muestra nasofaríngea a los funcionarios de la Judicatura, la Fiscalía y la Policía.

El gobierno de Pichincha entregó 100 pruebas, de las cuales 60 fueron para la Corte Provincial y 20 para la Corte Nacional de Justicia, entre otras.

Abogados, preocupados por el “servicio intermitente”

Las dependencias judiciales son el campo de acción de los abogados. Por eso miran con preocupación que se suspenda de nuevo el servicio por el aumento de contagios por covid-19.

Ese es el caso de Carlos Andrade, abogado en libre ejercicio. El jurista está pendiente de un cliente que trata de llegar a un acuerdo por un accidente de tránsito, ocurrido en Tumbaco.

Contó que la audiencia estaba prevista para marzo, pero debido a la emergencia sanitaria todo se suspendió. Añadió que su cliente necesita solucionar el trámite legal para sacar su vehículo, que lo necesita para su negocio de alimentos.

Desde ese mes ha tratado de sacar adelante el trámite por cuatro ocasiones. “Si volvemos a la suspensión que hubo en marzo, los casos se retrasarán. La única medida es que todos cumplamos con las normas de bioseguridad”, dijo. (I)