Latente está la pugna entre el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio encargado, Aquiles Rigail, y los vocales de este organismo, Juan Pablo Albán y Angélica Porras.

Las diferencias entre los funcionarios ocurrieron la semana pasada, cuando Rigail envió dos cartas al fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones, y al juez Civil de Quito, Luis Landázuri, para que observaran sus actuaciones en dos casos.

En el primero, Rigail menciona su preocupación por el archivo de una veintena de causas contra la Prefectura de Guayas.

En el segundo escrito, el presidente del CJ califica de improcedente el cálculo de intereses en un informe pericial para el pago de una indemnización de $ 40.000 que fijó el juez capitalino en un juicio por daño moral que el expresidente Rafael Correa siguió contra el médico guayaquileño Miguel Palacios Frugone.

Estas acciones molestaron a los vocales Albán y Porras, incluso derivaron en una discusión en el pleno del ente regulador de la justicia.

“Que se ordene con una carta  cómo decidir (a los jueces) se ve como una injerencia”, expresó Porras.

Las críticas contra Rigail también vinieron de los involucrados en los procesos. El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, calificó el envío de las misivas como una intervención en la justicia.

“Las causas fueron archivadas porque se comprobó que no hubo delito. No se  puede juzgar a nadie por lo mismo dos veces”, manifestó el Prefecto de Guayas.

Desde la provincia de Los Ríos, ayer Rigail minimizó los pronunciamientos de los vocales Albán y Porras. “No creo que lo dicho por Albán sea a título de denuncia. Es una reclamación que él hace basado en su criterio, lo cual yo contradigo”.

 El presidente del CJ encargado ratificó que las cartas emitidas para los funcionarios mencionados son pedidos de información, los cuales encontró en el despacho del titular del organismo, Marcelo Merlo.

“Pedir información es parte de mis atribuciones. En ningún momento le he dicho al fiscal que admita tal denuncia o dé trámite a tal situación”.

Rigail insistió en que su función se enmarca en observar que todas las cosas marchen bien. “No estoy interfiriendo ni dando órdenes. Al fiscal le he dicho que me informe y al juez le hice notar que en la sentencia contra el doctor Palacios no se permitía el cobro de intereses”. (I)