Una serie de anomalías en el Consejo de la Judicatura (CJ) determinó la Contraloría en un informe borrador de los contratos de consultorías.

Ese examen especial preliminar,  que se realizó desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2018, encuentra varias inconsistencias en los contratos de obras de 17 provincias.

De estos procesos sobresalen los contratos para la construcción de los complejos judiciales Norte y Quitumbe, en Quito, así como sobreprecio en inmobiliarios de Vinces y Puebloviejo, en Los Ríos.

En el caso de la capital, la Contraloría establece que se gastó $ 1’010.197 en dos convenios previos para la construcción de dos edificaciones.

Para el Complejo Judicial Norte, por ejemplo, se depositaron $ 742.171,50 el 18 de septiembre de 2012 a la consultora, la cual debía entregar su trabajo final en un plazo máximo de 60 días.

Esa adjudicación fue parte del decreto de emergencia en la justicia que determinó el expresidente Rafael Correa, pero ese terreno de Iñaquito (norte de Quito), en donde ahora funciona el complejo, estuvo 586 días a nombre del Ministerio del Interior, impidiendo que se cumplan los plazos y la Ley del Sistema de Contratación Pública. 

También, el organismo de control halló que los diseños, planos arquitectónicos y estudios eléctricos que entregó la consultoría estuvieron incompletos. Por ejemplo, algunas vigas en los planos de hormigón se presupuestaron con 280 kilogramos (kg.) de resistencia, pero al final se pusieron de 240 kg.

Esto causó una diferencia económica de $ 8 millones, ya que el monto referencial fue de $ 69 millones y el precio real llegó a $ 61 millones. 

De esta manera, ese producto de la consultoría no sirvió como insumo para la construcción.

Tardanzas en los contratos
Lo mismo sucedió en los trabajos del complejo judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

En este contrato del 24 de septiembre de 2012, se invirtieron $ 268.025,63 en los productos que fueron inaplicables en el lugar, por el cambio de dimensiones del complejo.

La Judicatura tardó 1.134 días para finiquitar el compromiso que arrancó en 2012  y que recién terminó el 28 de diciembre de 2016.

Además, 477 días se demoró la consultora en la legalización de los terrenos en Quitumbe, que fueron propiedad del Municipio.

Lo que sucedió en Quito se replicó en el resto del país. En otros contratos en Manabí (Montecristi, Manta, Santa Ana y Pichincha), se repiten los diseños incompletos y con inconsistencias con plazos que sobrepasaron los 60 días.

En esta zona se invirtieron $ 293.301,70 en consultorías que luego no se usaron. Solamente en el complejo del cantón Pichincha (Manabí) se usó el diseño de la consultora. El resto no.

También hubo inconsistencias entre el precio unitario y real sobre todo en materiales como el hormigón y se demoraron 1.082 días en la entrega de los trabajos.

En Francisco de Orellana, también se demoraron 896 días en entregar los estudios en un proceso que se inició el 3 de agosto de 2012 y solo debía tardar 60 días. Mientras que en Machala se entregaron $ 163.474,88 a la consultora, cuando el terreno tampoco estuvo a nombre de la entidad y nunca fue inscrito. Este trámite se encuentra actualmente en la justicia.

También, la Contraloría encontró problemas en las unidades de Balsas (El Oro), Mira (Carchi), Pichincha, Vinces y Puebloviejo (Los Ríos). En estos lugares hay áreas abandonadas, ineficientes y sin uso. (I)