El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión realizada este 10 de octubre de 2019, dispuso a cada una de las direcciones provinciales de la institución, iniciar las acciones legales correspondientes en contra de aquellas personas que, durante las protestas de los últimos días, atentaron contra los bienes de la Función Judicial.

Según un reporte de evaluación de daños solicitado por la Dirección General del CJ, el Complejo Judicial Nueva Loja, en Sucumbíos, resultó afectado con la rotura de la puerta principal y los vidrios de seis ventanas, luego de un enfrentamiento entre efectivos de la Policía y manifestantes. Al momento el servicio de justicia se presta con normalidad.

Asimismo, la Unidad Judicial del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, fue invadida por manifestantes, quienes obligaron a 14 de los 19 funcionarios que allí laboran, a participar en las protestas y a cerrar las oficinas. Producto de esta incursión, resultó un vidrio roto en las ventanillas de atención al público. El director del CJ en esta provincia, Mario Ríos, analiza si se retoman o no las actividades judiciales.

De igual forma, en Esmeraldas, la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo fue atacada por manifestantes que querían ingresar de manera violenta a las instalaciones. El vidrio de una ventana fue roto por el impacto de una piedra. Los funcionarios de esta dependencia judicial continuaron laborando con el respectivo resguardo policial, dentro y fuera de las instalaciones.

En el Complejo Judicial del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, todavía no es posible cuantificar los daños toda vez que miembros del movimiento indígena impiden el ingreso de los funcionarios judiciales.

El Consejo de la Judicatura ha garantizado que el servicio de flagrancia en todos los cantones del país se desarrolle con normalidad.

El Pleno del CJ también resolvió que las y los directores provinciales, dispongan si se reanudan o no las actividades en sus jurisdicciones, para lo cual deberán evaluar el riesgo que existe en cada localidad.

El Consejo de la Judicatura rechaza los hechos de violencia registrados en el país y ratifica su compromiso de seguir construyendo justicia para la paz social. (I)