Ante la emergencia sanitaria decretada por la presencia del covid-19 en el país, el 17 de marzo se suspendió la atención en la Función Judicial, con excepción de las 250 unidades de flagrancia, distribuidas a nivel nacional y en las que trabajaron 670 servidores judiciales.

Esas unidades de flagrancia fueron clave en administrar justicia en casos de personas detenidas por irrespetar el toque de queda impuesto por el Gobierno Nacional. En los primeros días eran múltiples los casos, sobre todo en las provincias de Guayas y Manabí.

Desde la Dirección General del Consejo de la Judicatura (CJ) se designó un presupuesto para cada una de las 24 provincia del país, acorde a sus necesidades, para enfrentar la pandemia.

Según el director general del CJ, Pedro Crespo, se adquirieron mascarillas, guantes, gel antiséptico para el personal judicial que atendía durante la emergencia del coronavirus. La intención era proteger y prevenir de un contagio a los funcionarios.

“En la primera semana solo atendieron las unidades de flagrancia y adoptaron protocolos de bioseguridad y plan de retorno a las actividades, de manera progresiva y creciente. Se abrieron el resto de unidades judiciales y las dependencias jurisdiccionales protegiendo la salud de los usuarios y manteniendo el distanciamiento social”, manifestó Crespo.

Para cumplir con todos estos protocolos en cada una de las unidades judiciales y cortes provinciales del país, el CJ gastó en insumos durante la pandemia del covid-19, $ 215.084,32.

De esa cantidad, la planta central invirtió $ 28.811,53 y Pichincha $ 42.356,31. La provincia de Guayas, que registró el pico más alto de la pandemia del coronavirus, entre marzo y abril, recibió $ 13.617,72.

Medidas de prevención 
Con esos recursos se adquirieron guantes, mascarillas, protectores faciales y se colocó plástico de vinil en todas las ventanillas de recepción de escritos para que no exista contacto directo entre el usuario y el servidor judicial, explicó el doctor Francisco Jácome, director provincial del CJ de Guayas.

También se instalaron en las unidades judiciales de Guayas bandejas de desinfección de calzado con alfombra de secado. Además se adquirieron termómetros infrarrojos para tomar la temperatura a los usuarios que ingresan a las dependencias, las cuales son permanentemente fumigadas con la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados, dijo Jácome.

También, de los 1.937 judiciales de la provincia tomaron pruebas de covid-19 a 1.476 servidores judiciales.

Fabricio Mena, abogado en libre ejercicio de la profesión, cuestionó la falta de protocolos de bioseguridad en la Unidad de Flagrancia Norte Quitumbe. “Hay salas donde todos ocupan un solo micrófono y efectivamente es un foco de infección y de propagación del virus”, manifestó.

Recomendó al CJ utilizar medios telemáticos para efectuar las audiencias de tipo flagrante. (I)