El informe de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) sobre los títulos falsos tiene sus primeras repercusiones. A quince supuestos juristas les fue retirada la credencial del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura (CJ).

Este ente de la Judicatura es el único organismo en emitir las credenciales a los profesionales del Derecho para que puedan laborar legalmente en el país. Esta norma se estableció en 2009.

El informe de la Senescyt, remitido al fiscal general del Estado (FGE), Galo Chiriboga, indicaba que de los 81 títulos dados de baja de las diferentes carreras profesionales, se identificaron 29 que corresponden a abogados, de los cuales 15 constan como inscritos en el Foro de Abogados de la institución.

El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, informó ayer que se suspendieron las credenciales de las 15 personas que se mencionan en la lista de  la Senescyt y que fue remitida por la Fiscalía.

Además indicó que la Fiscalía podría iniciar acciones penales en contra de estas personas que inscribieron títulos falsos en el Foro de Abogados. Para ello se tendría que abrir una investigación, a fin de determinar si ejercieron ‘de manera legal’ la profesión o a quiénes perjudicaron.

3 judiciales en listado

La Fiscalía envió a la Judicatura, el lunes último, 2 listados, uno con 281 nombres y otro con 81, para que verifique si existen funcionarios que hayan ingresado a la entidad con un título falso.

El director nacional del CJ, Tomás Alvear, informó que en el listado hallaron los nombres de 3 funcionarios de la institución. Sin embargo, la actividad que desempeñan no implica la obligación de tener un título universitario.

“Están laborando bajo modalidad de contrato y por las labores que efectúan, al momento de postularse no presentaron título, porque no era  un requisito para la contratación, por eso no existen irregularidades”, dijo Alvear.

En el caso del juez de Esmeraldas, explicó que se trató de modificaciones realizadas por la Senescyt relacionadas con rectificación de nombre o número de cédula, por lo que su título no es falso.

El titular de la Senescyt, René Ramírez, dijo que identificaron ataques de hackers en octubre de 2015 y descubrieron que había inscripciones de títulos irregulares y determinaron que 366 de éstos presentaban inconsistencias, lo cual comunicaron a la Fiscalía.

Las investigaciones permitieron, el 8 de enero, implementar el operativo ‘Impacto Inicial’, que posibilitó a la Fiscalía y Policía capturar a 10 personas en 3 provincias del país. Ellos presuntamente vulneraron las páginas de la Senescyt y del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para emitir títulos falsos.

Estas evidencias motivaron la intervención de la Fiscalía que también envió los listados con los nombres de los títulos falsos a la Secretaría Nacional de la Administración Pública para que verifique si estas personas ingresaron en alguna entidad, lo que acarrearía la destitución del funcionario. La Ley de Servicio Público en los artículos 9 y 15 señala esta falta.

Una vez que reciban la respuesta, la Fiscalía iniciará las querellas  individuales.

El fiscal Chiriboga dijo que en este caso hay 2 consecuencias penales: la primera está tipificada en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionada con la falsificación y uso de documentos falsos, que es sancionada con 5 a 7 años de prisión; y la otra en el artículo 330 sobre el ejercicio ilegal de la profesión; la pena es de 6 meses a un año de prisión. (I)