El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los magistrados Marco Maldonado, Daniella Camacho y David Jacho, ratificó la prisión preventiva contra el exvicepresidente de la República, Jorge G., en el proceso por presunto peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue.

Ayer, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva que fue dictada por el juez nacional Iván Saquicela el pasado 13 de marzo, el abogado del exsegundo mandatario, Harrison Salcedo, explicó los motivos por los que apeló.

Pidió que la orden de prisión de su cliente sea reemplazada por otra medida cautelar, porque no se le puede dictar privación de la libertad, cuando ya está en esa condición.

Además, que su defendido debería tener las mismas medidas alternativas que se les dictó para ocho de los 10 procesados, en este mismo caso.

Según Salcedo, en la sanción a Jorge G. se incumplió con los principios de motivación, proporcionalidad y necesidad.

En su exposición, la fiscal general, Diana Salazar, sostuvo que si el exvicepresidente está privado de la libertad no es lógico imponer otra de las medidas sustitutivas, como la presentación periódica ante alguna autoridad, prohibición de salida del país, uso de grillete, arresto domiciliario o detención.

Por ello, “de las seis medidas cautelares la única que puede aplicarse en este caso es la prisión”, señaló.

Además precisó que los procesos que enfrenta el exvicepresidente y por los que está en prisión son diferentes.

Uno es por el que cumple una condena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, diferente al de peculado que está en trámite por el campo Singue.

Los representantes de la Procuraduría y la Contraloría se pronunciaron en igual sentido y ratificaron que por las irregularidades en la adjudicación del contrato del campo petrolero Singue, el perjuicio económico alcanzaría los $ 28,4 millones.

Tras escuchar a las partes procesales, los jueces deliberaron por cerca de una hora, luego de lo cual dieron a conocer la resolución de negar el recurso de apelación a la prisión preventiva.

Por este caso también se dictó prisión al exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., mientras que para otros ocho fueron medidas sustitutivas, como prohibición de salir del país y presentación periódica ante la autoridad. (I)