La denuncia realizada la semana pasada en Guayaquil por un grupo de exjueces, de que habrían sido destituidos en forma ilegal e ilegítima, así como los correos electrónicos que aparecen en las redes sociales donde aparentemente se demostraría injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial, es parte de una campaña política y de desprestigio con el propósito de volver a captar el control de la justicia ecuatoriana.

Así lo afirmó el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, al recordar que, como parte del propósito, en los últimos tiempos se ha hablado de una supuesta renuncia suya, de que le habrían pedido la dimisión, que fue designado embajador, en fin.

En una extensa rueda de prensa ofrecida ayer, Jalkh explicó caso por caso las razones por las cuales fueron destituidos algunos de los exjueces denunciantes y aseguró que no existe injerencia política en el Consejo Disciplinario de la Judicatura; consejo que finalmente decide qué jueces deben ser destituidos y cuáles no.

“Esos exjueces que ahora se presentan como los defensores de la independencia son los primeros que atentaron contra eso”, dijo, e insistió en que esta trama de acusaciones se debe a intereses políticos de los que quieren recuperar el Poder Judicial, por lo que los temas se vuelven mediáticos justo en el momento que se avanza en el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la cual desde el próximo 3 de enero tendrá 7 nuevos jueces en reemplazo de igual número de salientes.

Para Jalkh, detrás de la campaña hay un sector, personajes, intereses económicos que corrompen, que quieren una administración de justicia a su disposición y “sectores políticos que ahora quieren desestabilizar la gobernabilidad de la Función Judicial, sin interesarles el pueblo ecuatoriano”.

Y aunque no dio nombres de quiénes están detrás de este objetivo, habló del perfil de “una persona oculta, que opera desde el anonimato y es canalla”, tratando de generar incertidumbre.

Tras señalar que no permitirán que esto suceda, con estadísticas explicó los logros alcanzados por la administración de justicia en los últimos años, defendió la tarea realizada y las acciones que están en marcha.

La semana pasada, los exjueces Madeleine Pinoargote, Josué Sánchez, Richard Proaño, entre otros, denunciaron que cerca de 40 magistrados a nivel nacional habrían sido destituidos ilegítimamente por el CJ y aseguraron que han sido víctimas de supuesto abuso de poder.

Proaño afirmó que supuestamente fue destituido por fallar contra personas cercanas a funcionarios del anterior Gobierno. “Me sacaron por fallar contra Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, en un juicio de alimentos en el que establecí una pensión alimenticia por $ 4.000. No cedí a presiones y por eso me destituyeron...”.

En cambio, Madeleine Pinoargote sostuvo que hace dos años fue destituida por realizar un auto de nulidad por fallas en el debido proceso en el caso fondos global. “Se metieron a mi despacho Wilson Navarrete, Abelardo Albornoz, Pablo Condo y dos mujeres que desconozco su procedencia... Me amenazaron con meterme presa si no me excusaba.

Jalkh explicó que cada juez tuvo su espacio para defenderse y precisó que de 344 denuncias por error inexcusable recibidas este año, 5 jueces fueron destituidos. (I)