Un hombre apunta con un arma a un chofer, otro individuo se sustrae un auto a empujones y dos jóvenes atracan a chicos que conversan en una vereda. Estos actos delictivos, ocurridos en el último mes en Guayaquil, quedaron grabados por cámaras de seguridad y fueron viralizados a través de redes sociales.

Ante los constantes ilícitos, la mañana de este jueves 29 de diciembre el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; la comandante de Policía de Guayaquil, Durán y Samborondón, Tanya Varela; el fiscal provincial, Edmundo Briones, y otras autoridades de la ciudad se reunieron en el hotel Hilton Colón, convocados por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

El Alcalde se pronunció durante 23 minutos y enfatizó con un juego de palabras que “hay gente que sigue hablando de percepción de inseguridad, pero aquí hay la seguridad de que existe inseguridad”.

Nebot sostuvo que para resolver la problemática es indispensable tener una política de Estado en materia de seguridad y derogar leyes prodelincuenciales.

“Lo primero se logra de manera coordinada, permanente, con financiamiento, rendición de cuentas y evaluación independiente”. Y lo segundo con leyes, de ahí que hace nueve meses entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero este no ha sido contemplado.

¿Reducción o menos denuncias?

Según la Policía, en los 11 meses de este año se registraron en el país 9.059 robos con arma de fuego, 8.762 en la modalidad de asalto, 258 en la de sacapintas y 29 en la de arranchadores.

Solo en Guayaquil, en el mismo período, se presentaron 2.227 denuncias en Fiscalía por acoso, abuso, y violación sexual.

La comandante Varela destacó que en Guayaquil las cifras revelan una reducción del 14%, sin embargo “esto puede hacer sentir en la ciudadanía como que hablamos de seguridad cuando se sienten inseguros. Quizá bajaron las denuncias pero los hechos siguen presentes”.

Varela agradeció a quienes “tienen la valentía de difundir los vídeos de delitos. Esto sirve para empezar las investigaciones. Hay que mejorar el proceso para que la víctima denuncie, pues muchas veces no lo hace por lo engorroso del proceso”. Pidió a los ciudadanos que cumplan con las leyes y procuren una convivencia pacífica en los barrios.

“Es un trabajo de todos, no solo de la Policía o de las autoridades locales. Se necesitan políticas públicas y el compromiso de la ciudadanía”, manifestó.

Edmundo Briones, fiscal provincial de Guayas, también resaltó la importancia de los vídeos captados por las cámaras de seguridad.

“Si se detiene a la persona durante las 24 horas después de cometido el delito se tiene un insumo contra el sospechoso. Y si pasa ese tiempo, sirve para abrir una investigación”. Insistió en que los afectados denuncien y soliciten el ingreso al programa de protección de víctimas y testigos o rindan testimonios anticipados para evitar confrontaciones en el juicio con los infractores.

Kléber Chica, titular nacional de AER, manifestó que una comisión redactará un documento en el que solicitará  a la Asamblea que agilice las reformas al COIP y que también hará un pedido al presidente de la República (Lenín Moreno) para que -luego del análisis correspondiente- declare el estado de excepción en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca y Quito.

Autoridades ausentes

A la reunión no asistieron la ministra del Interior, María Paula Romo, ni el comandante general de Policía, Nelson Villegas porque se encontraban en el Comité de Seguridad Ciudadana de Tungurahua.

Romo dijo que la Policía no solo investiga los delitos por denuncias en Fiscalía, si no por llamadas de alertas al ECU-911 y por emergencia de centros de salud. (I)