La mañana de este martes 6 de agosto se realizó en el salón Regente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) un conversatorio sobre el proceso legal que enfrenta a los banqueros William y Roberto Isaías, y al Estado ecuatoriano, por la incautación de cientos de negocios de los hermanos.

El panel estuvo conformado por Jorge Zavala Egas, abogado de los banqueros, y María Josefa Coronel, jurista especializada en Derechos Humanos, quien presentó un informe sobre el manejo del caso, el cual reúne opiniones de expertos de la región.

Entre los puntos que se trataron estuvo el artículo 2 del Mandato Constituyente No. 13, el cual indica que ningún juez puede admitir acción Consitucional alguna contra la incautación de los bienes de los hermanos Isaías, bajo pena de destitución.

"Esto niega toda posibilidad al debido proceso", indicó Zavala.

Otro de los ejes del coloquio fue la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitida en 2016, la cual consideró que Ecuador violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al negar a los empresarios el derecho "a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente".

Zavala expresó que ahora el país cuenta con un sistema de justicia imparcial e independiente, y que por tal motivo, espera que pronto se pueda lograr un acuerdo para el cumplimiento voluntario de la devolución de los bienes incautados.

Además, indicó que se deben establecer un mecanismo para calcular la indemnización que el Estado debe pagar a William y Roberto Isaías por el perjuicio causado.

En el evento participaron también empresarios a fines al Grupo Isaías, juristas y representantes de las empresas incautadas.

Antecedentes
Los hermanos William y Roberto Isaías viven en Estados Unidos desde el año 2000, luego de que dejaran el país para evitar ser detenidos por su implicación en la quiebra de Filanbanco, de su propiedad.

El 8 de julio de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ordenó la incautación de decenas de negocios de los Isaías, por el valor superior a $ 1.000 millones, con el objetivo de recuperar el perjuicio ocasionado al Estado con el cierre de su banco.

El 10 de abril de 2012 el juez Wilson Merino los encontró culpables del delito de peculado bancario. En este caso fueron sentenciados a 8 años de prisión, pena que no cumplieron por estar prófugos en EE.UU.

Además del mencionado banco, el grupo empresarial de los hermanos poseía casi 200 empresas en el país.

Entre los bienes de los exbanqueros se contaban canales de televisión, estaciones de radio, negocios inmobiliarios, petroleros e industriales. (I)