“Esto pasará a ser el palacio de la verdadera justicia”, dijo el presidente Rafael Correa el pasado martes al referirse al avance de la construcción del nuevo Complejo Judicial ubicado en el km 8 1/2 de la vía a Daule (Guayas), obra que decidió recorrer personalmente. 

La obra, en la cual se invertirán 40’976.653 de dólares en infraestructura civil y 921.540 en tecnología, fue recorrida por el Mandatario y por los ministros del Interior, José Serrano; de Coordinacción de Seguridad, Homero Arellano; y el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, para constatar el avance en la nueva edificación judicial.     

El titular de la Judicatura señaló  que los trabajos  se iniciaron en diciembre de 2011 y que concluirían a inicios de 2013, aunque dijo que para octubre de este año estarán listos los dos primeros edificios.

El complejo judicial estará conformado por 11 edificios, en donde funcionarán juzgados de Inquilinato, Trabajo, de lo Civil y Mercantil, de Adolescentes Infractores, Violencia contra la Mujer y Contravenciones de Tránsito. En él laborarán 92 jueces y 305 funcionarios en el área administrativa.

A decir de Rodríguez, la construcción y remodelación de este y otros complejos y casas judiciales, ayudará a descongestionar el trabajo de los funcionarios y a mejorar el servicio en favor de los usuarios.

A esto se une el hecho de que el pasado 16 de mayo se inauguró la Casa de Justicia ubicada en las calles Tadeo Benítez y Joaquín Mancheno, sector industrial de Carcelén, al norte de Quito, que beneficiará a 500 mil habitantes de las parroquias urbanas y rurales de la zona.

La inauguración se realizó en conjunto entre el presidente de la Judicatura; el fiscal general, Galo Chiriboga; el alcalde de Quito, Augusto Barrera; la ministra de Justicia, Johana Pesántez; y el Defensor Público, Ernesto Pazmiño.

Estas obras se enmarcan dentro de la inversión de 171205.129,78 de dólares que el Estado efectuará en la remodelación y construcción de 37 casas judiciales en 19 de las 24 provincias del país (ver gráfico).

De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura, el objetivo es dotar a la justicia de una infraestructura civil adecuada a las necesidades actuales, que propenda al buen servicio a la ciudadanía y al nuevo modelo de gestión.

Según resaltó Chiriboga, al momento de inaugurar la Casa de Justicia al norte de la capital, “acercar los servicios de justicia a los sectores más lejanos significa reducir la impunidad. El sistema penal garantiza el derecho de los procesados, pero no puede estar sobre ni por debajo de los derechos de las víctimas”.

Consideró que la infraestructura de la Casa de Justicia y de otras obras impedirán que la víctima de un delito repita más de una vez su testimonio, al momento de la denuncia y a lo largo del proceso.

Por su parte, Paulo Rodríguez destacó que esta Casa de Justicia  concentra en un solo lugar a los operadores de justicia como jueces, fiscales, defensores públicos, peritos y policías judiciales. Añadió que esto agiliza los procesos y trata de dejar atrás aquello de que la víctima, en nuestro sistema (de justicia), ha sido el sujeto procesal maltratado.

Según dijo, la gestión de la justicia debe ser independiente, pero no aislada, siempre con la seguridad de que “la transparencia y la ética de los operadores de justicia anule la corrupción y la impunidad”.

Para juntar a los operadores en una sola infraestructura en la Casa de Justicia del norte de Quito, se invirtieron cerca de 3 millones de dólares en su construcción y equipamiento. En este lugar la ciudadanía puede realizar denuncias en relación con delitos de acción pública, competentes a la Fiscalía, como: homicidio, asesinato, delitos sexuales y atentado al pudor, secuestro, robo, peculado, concusión, narcotráfico, trata de personas, estafa, hurto, lavado de activos, etc.

Según lo manifestó el alcalde de Quito, Augusto Barrera, el camino para evitar la impunidad es la consolidación de la capacidad de respuesta y “el camino no es la represión sino el fortalecimiento de las instituciones”.

En la Casa de Justicia de Carcelén el Municipio instaló centros de mediación y negociación en causas de tipo familiar, comercial y laboral, comunitario, conflicto de tierras, juicios de alimentos y problemas de inquilinato. En cambio, el Consejo de la Judicatura ubicó juzgados de Garantías Penales, de la Niñez y Adolescencia, de la Familia y la Mujer, y de Contravenciones.

A más de estos servicios, se cuenta con oficinas de la Defensoría Pública, Policía Judicial, de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), y del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional (Devif).