Hasta el 16 de abril deberá estar listo el instructivo para la evaluación de los fiscales.

Así dispuso, mediante resolución,  el Consejo de la Judicatura (CJ) el 1 de abril.

En ese documento, el pleno de la Judicatura solicita un trabajo coordinado entre las direcciones de Talento Humano de la Fiscalía y de esa entidad para la elaboración del instructivo.

La evaluación se realizará a los agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores para las categorías 2, 3 y 4.

Según la Judicatura, este proceso de evaluación debe realizarse sobre la base del número de cupos ofertadas.

Antes de que arranque el proceso, el pleno de la Judicatura debe aprobar el instructivo.

La institución contaba hasta febrero de este año con 840 fiscales a nivel nacional.

EL TELÉGRAFO verificó en la página web de la Fiscalía que un agente fiscal hasta febrero de este año ganaba

$ 4.164. Ese mismo salario percibió en ese mes la fiscal saliente Ruth Palacios.

 Palacios señaló en enero de este año que faltan 400 fiscales para cubrir el déficit en la gestión institucional.

Precisó que los 840 fiscales reciben un promedio de 360.000 casos al año. 

A esto se suman los 372 informes de responsabilidad penal que entregó la Contraloría entre junio de 2017 a enero de 2019. De ellos, 209 están en investigación previa. Son 142 por peculado y 63 por enriquecimiento ilícito.

El lunes, la Asamblea posesionará a la fiscal entrante, Diana Salazar. Obtuvo 88,17 puntos (49 en méritos, 10 en el examen, 28,17 en la audiencia oral y un punto más por ser afrodescendiente).

Este diario solicitó un criterio de Salazar sobre el proceso de evaluación, pero no se concretó por problemas en su agenda.

Comisión bipartita para evaluar
Xavier Zavala, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cree que la evaluación a los fiscales es “una tarea demorada, pero necesaria”.

A su criterio, este proceso debe realizarse en conjunto entre la Fiscalía y Judicatura. “Hay parámetros técnicos y académicos que la Fiscalía maneja de mejor forma. Debería integrarse una comisión técnica bipartita”.

Zavala consideró que la Fiscalía requiere de forma urgente recursos económicos, técnicos y legales, además de humanos para mejorar su labor institucional.

El consejero del CPCCS opinó que uno de los problemas de la Fiscalía es la sobrecarga procesal.

También afirmó que hay una carencia de peritos, además de que existe una Policía Judicial que no está a disposición de la entidad.

Sostuvo que estos funcionarios deberían tener la posibilidad de pedir al juez medidas cautelares, como prohibición de salida del país, retención de fondos en cuentas bancarias o prohibiciones de enajenación de bienes mientras investigan los casos.

Fiscales consultados por este diario están de acuerdo con la evaluación; sin embargo, hay incertidumbre sobre el proceso. 

Estos funcionarios de carrera creen que se debe evaluar la sobrecarga procesal, así como tomar en cuenta el profesionalismo.

“La evaluación no solo debe medirse en número de causas realizadas o hechas porque cada unidad tiene una dinámica distinta”, dijo una fiscal que quiso mantener su nombre en reserva.

Otro fiscal contó que, por ejemplo, las unidades de Violencia de Género o Patrimonio Ciudadano tienen hasta 7.000 causas, así como Delincuencia Organizada, que despachan 1.000 o 2.000 causas, mientras que otras, como la Comisión de la Verdad, “tienen pocas”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) solicitó a la fiscal Salazar que se analice la eliminación de dos de las cinco fiscalías para atender casos de desapariciones. (I)