El poder político encarnado en una sola persona tuvo su fin en 1748, cuando por iniciativa del filósofo francés, Barón de Montesquieu se implementó la división de poderes para gobernar.

Así nació la trilogía: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hoy llamadas funciones del Estado, con independencia y autonomía.

La Judicial fue creada para administrar justicia, lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la paz colectiva, con base en lo que disponen la Constitución y las leyes.

Históricamente esta función ha sido objeto de acoso permanente, sea de parte de las otras funciones del Estado, como de los grupos de poder, afirma el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Medina.

El jurista Bayardo Moreno, en uno de sus escritos, recuerda que Juan Montalvo en su quinta “Catilinaria” relata lo ocurrido con un clérigo a quien el presidente Ignacio de Veintimilla perseguía acusándolo de calumniador.

El encausado después de seis meses de cárcel obtuvo sentencia absolutoria de los jueces de primera y segunda instancia y de la misma Corte Suprema, pero Veintimilla no acató el fallo judicial.

Con el propósito de poner fin al abuso y atropello a la función Judicial, en las reformas constitucionales de 1998 se incorporó el artículo 191.

Este dice “Los órganos de la función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos”. Además, definió la estructura de la función Judicial que la integraban cuatro instancias.

Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones, las cosas no funcionaron como se esperaba, por el contrario, se agravó la situación.

El político y jurista Andrés Páez recuerda que el 25 de noviembre y el 8 de diciembre de 2004 se repitió la intromisión en el Poder Judicial por los poderes Legislativo y Ejecutivo, los que destruyeron la institucionalidad del país al cesar, tanto al Tribunal Constitucional como a la Corte Suprema de Justicia.

El retorno del autoritarismo

Esta situación tuvo repercusiones en la opinión pública y se planteó en varias ocasiones una reforma judicial a fondo.

En respuesta a este clamor el expresidente Rafael Correa planteó reformas y las concretó en la Constitución de Montecristi del 20 de octubre de 2008.

La estructura de la función Judicial que era de cuatro instancias pasó a ser de nueve.

Tres son los principales cambios en relación a la Constitución de 1998: la estructura de “gobierno” de esta función, el número de magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) (antes CSJ) y la forma de elección de los integrantes.

Creó el Ministerio de Justicia, dependiente del Ejecutivo, a través del cual tenía vinculación con la función Judicial y otras reformas.

En uno de sus escritos de 2013, el jurista Julio César Trujillo precisa que a través de las reformas mediante referéndum y con el nombre de enmiendas se introdujo cambios sustanciales en la Constitución.

Señala que estas permitieron al Ejecutivo tener el control de la función Judicial a través del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la CNJ.

Al respecto, el dirigente político y social, Óscar Ayerve, sostiene que a partir de estos hechos el gobierno manipuló la función Judicial para alcanzar el control, designar a sus allegados e inclusive incidir en los fallos.

Agrega que jueces y fiscales puestos por el régimen anterior ejercieron persecución a inocentes, por el hecho de ser opositores.
Espera que la designación de autoridades de los organismos de Justicia puedan incidir en un cambio. (I)