Wilman Terán, juez de la Corte Nacional de Justicia, declaró nula una parte de la investigación efectuada por la Fiscalía en contra la exasambleísta  del Movimiento Municipalista Nivea Vélez y Adriana Castro, su colaboradora, por presunto delito de concusión. 

La diligencia se cumplió luego de que culminaran los 90 días de instrucción fiscal que se ordenaron por la causa.

La decisión del magistrado se realizó ya que en la fase de instrucción fiscal se tomaron versiones que estaban sin firma de responsabilidad. Además de que la Fiscalía no cumplió con un registro digital de las versiones. 

En la audiencia, Gina Gómez de la Torre, defensa de Vélez, alegó que no tenía el expediente completo de la causa y que además no contaba la firma de responsabilidad de la Fiscalía.

Wilson Toainga, fiscal Subrogante, alegó que debido a la pandemia, las versiones fueron tomadas de forma digital, razón por la cual existe un soporte digital de las versiones y soporte físico. Por ello señaló que se declare la validez del proceso.

Ambas son procesadas por su presunta participación al solicitar por más de un año parte del sueldo de empleados de la exlegisladora. Los hechos que se investigan en esta causa habrían ocurrido entre 2009 y 2013, periodo en el que Vélez fue legisladora por la provincia de Loja.

El pasado 8 de octubre, Terán dispuso la presentación periódica de Vélez una vez por semana en la Corte Provincial de Loja y la prohibición de salida del país, así como la prohibición de enajenar bienes por $ 132.000 (valor cuadriplicado de la cantidad que se habría beneficiado) y la retención de cuentas por alrededor de $ 33.000, valor que habría adquirido de forma irregular.

Mercedes T., exfuncionaria que colaboró con Vélez, le habría entregado $ 4.000 y Vicente O., depositó la suma aproximada de $ 28.000, en una cuenta en conjunto con Castro.

El dinero habría sido destinado a sustentar gastos de campaña correspondiente al "Movimiento Convocatoria" de Loja. (I)