Las decisiones adoptadas en el Informe de Evaluación del Consejo de la Judicatura: vinculaciones, redes de control y justicia autoritaria” -aprobado por la Resolución CPCCS-037- no han sido ejecutadas.

El informe elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), levantó información de la intervención ilegal del Consejo de la Judicatura (CJ), dirigido por Gustavo Jalkh.

El 2 de abril de 2018, el organismo, encabezado por Julio César Trujillo, recibió 882 denuncias de exservidores judiciales y otros afectados. De ese grupo se analizaron a profundidad 20 casos, entre ellos los de servidores judiciales, 30-S, violación del Decreto Ejecutivo 813 y otras destituciones irregulares.

El 14 de mayo de 2018, el Consejo de Participación notificó al CJ las responsabilidades señaladas; el 4 de junio, el CJ, presidido por Jalkh, fue cesado.

El informe, entre otras novedades, detectó que el CJ abusó del artículo 109 (numeral 7) del Código Orgánico de la Función Judicial, para destituir ilegalmente a funcionarios judiciales.. Del universo de casos, 170 denuncias fueron por destitución (19,27%), entre ellas por manifiesta negligencia, error inexcusable, retención indebida de procesos y otros.

El documento fue el insumo que dispuso la creación de una mesa de trabajo. Se dividió en dos mesas de Verdad y Justicia; la una presidida por Beatriz Cadena y la otra por Angélica Porras. Sin embargo, una mínima cantidad de afectados han sido reparados con la restitución a sus cargos e indemnización correspondiente.

Gabriela Macías, exjueza de Trabajo de El Oro, es abogada en libre ejercicio mientras conoce la resolución de su caso. Ella fue destituida el 8 de marzo de 2014. Presentó una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo. En noviembre de 2019 le dieron sentencia a favor, pero el dictamen pasó a casación. “No nos reparan el error cometido porque todavía siguen funcionarios judiciales con bandera correísta”, expresó la magistrada.

Human Rights Watch alertó sobre el manejo del sistema

La organización Human Rights Watch emitió informes con los que alertó la manipulación del sistema de justicia en Ecuador.

El 29 de enero de 2014, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, envió una carta a Gustavo Jalkh, presidente del CJ en aquella época. A través de la misiva, expresó su preocupación por el proceso de reforma judicial del país. Indicó que el CJ modificó el Poder Judicial al designar y destituir a cientos de jueces. 

La situación no cambió. El 20 de abril de 2018, el organismo emitió un informe que alertó sobre represalias contra jueces a través de destituciones. “Human Rights Watch documentó 12 casos en los cuales se manifestó que representantes del consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente, sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas”.

El informe añadió que cuando los jueces no acataban las instrucciones, el CJ inició procedimientos administrativos en su contra. (I)