Ante el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, en su último enlace desde Esmeraldas, en el que se comprometió a apoyar a resolver los casos de homicidios y asesinatos y  sancionar con firmeza a los culpables, el ministro del Interior, José Serrano, fue enfático en respaldar esas declaraciones y señaló que el Gobierno no permitirá que la negligencia y la corrupción accedan a los funcionarios públicos y se demoren las investigaciones.

“Si es necesario iniciar una depuración en  ciertos niveles, por ejemplo en la Policía, lo vamos a hacer porque esta es la prioridad de nuestro Gobierno”, dijo el funcionario, quien   agregó que no concibe que los familiares tengan que pasar un vía crucis en las investigaciones.

Serrano dejó sentado su compromiso de seguir un cambio profundo para erradicar la corrupción y la impunidad que años atrás “estaban legalizadas” en el país.

Además de la tragedia que viven las familias cuando las personas son asesinadas o están desaparecidas, expresó que es inadmisible que vuelvan a ser victimizadas por la negligencia de ciertos funcionarios públicos.

Entre las acciones que emprenderá el Ministerio del Interior se anunció la generación de una base de datos de todos los cadáveres para comparar los datos biométricos de los desaparecidos en la Unidad de Criminalística. Así como también la implementación de una ventana en la página web de la Dirección Nacional de la Policía Judicial (www.dnpj.gob.ec) para obtener información de desaparecidos.

La solicitud de difusiones azules (sirven para localizar o identificar a una persona que presente un interés para una investigación policial, u obtener información sobre ella), rojas (se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por la justicia de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición) y negras (se utilizan para conseguir información sobre cadáveres sin identificar) por intermedio de la Interpol, y campañas de concienciación para evitar la violencia contra la mujer, también forman parte de las acciones.

En un encuentro efectuado en el Palacio de Gobierno, además de los familiares de víctimas, participaron delegados, fiscales, agentes investigadores, equipo de coordinación y auditoría de investigaciones policiales de personas desaparecidas.

Según datos de la Policía Nacional, en los últimos años se han registrado 27 casos de  desapariciones. Uno de los últimos y que prácticamente está resueltos, pero que causó conmoción en la ciudadanía  fue el de la joven, de 20 años, Karina del Pozo, quien fue asesinada y abandonada en una quebrada de Llano Grande,   norte de Quito. El crimen fue perpetrado por personas consideradas amigas de la víctima.