El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el estado de excepción en la parroquia La Merced de Buenos Aires, de la provincia de Imbabura, por grave conmoción interna suscitada por los constantes hechos de violencia asociados a la minería ilegal, que afectan los derechos de sus habitantes y la seguridad del Estado.

En el Decreto Ejecutivo #812, emitido el lunes 1 de julio de 2019, se menciona que el estado de excepción tendrá una duración de 60 días y durante el mismo se suspenderá el derecho a la inviolabilidad de domicilio, interrumpir la libertad de tránsito con el propósito de mantener el orden y suprimir la libertad de asociación y reunión para evitar mayores actos de violencia. 

El texto indica que tales directrices se aplicarán en casos de extrema necesidad y únicamente en aquellos en que se fundamenten en informes de inteligencia. 

Todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), coordinarán esfuerzos para restablecer el orden.

Desde que la parroquia fue detectada como una zona rica en oro, el potencial minero repercutió en enfrentamientos entre grupos armados que buscan el control de la zona.

En 2018 se confiscaron más de $ 156 mil en 208 operaciones contra la minería.

La Arcom difundió un informe validado con el Servicio de Rentas Internas. Detalló que entre enero y abril de este año se percibieron $ 41,8 millones por obligaciones fiscales y laborales de las empresas mineras que operan en el país. En 2018 el ingreso por este rubro fue de $ 53,6 millones. (I)