El Tribunal de Pichincha ratificó “la validez legal del Protocolo Especial de Convivencia” impuesto a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Esto se da tras la acción de protección presentada por el activista, a través de su defensa, en respuesta al protocolo que impuso el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

La Cancillería indicó que la acción de protección “no procede en virtud de que no se ha violado ningún derecho constitucional”.

Según el comunicado emitido, Ecuador ha cumplido con las responsabilidades que establecen las convenciones.

Resaltó que la estadía de Assange en la embajada le ha costado al país $ 6 millones y, por tanto, “el asilado también tiene obligaciones que cumplir y que deberá respetar escrupulosamente”.

La decisión del Tribunal fue adoptada en segunda y definitiva instancia y esto “pone una vez más de manifiesto que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores, al adoptar el Protocolo Especial, se ha ceñido a la Constitución y las leyes del país, según corresponde”, subraya el escrito.

El país exigió, en octubre pasado, que el activista cumpliera con el protocolo que estipula normas de convivencia en la Embajada. Caso contrario, exhortaron a que se entregue voluntariamente a la justicia británica, con las garantías por parte de Reino Unido de que no sería extraditado a un país donde se aplique la pena de muerte.

Para la Cancillería, el Ecuador otorgó el asilo a Assange con una prerrogativa soberana, a tenor de lo que establecen las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático.

Las acciones que tome el país en torno al caso “continuarán desarrollándose con apego al derecho internacional y la legislación nacional. Ecuador solo tratará sustantivamente sobre el tema con las autoridades británicas y abogados del asilado”, dice en el comunicado.

El fundador de WikiLeaks fue asilado por Ecuador en su embajada en Londres en 2012. (I)