William Armijos recibió las cenizas de su madre el 11 de abril de 2020; al menos así lo creía hasta que ingresó a la página web www.coronavirusecuador.com

Ahí escribió el nombre de su progenitora, Lilian Cedeño Espinoza, y apareció que su cuerpo había sido sepultado en el nicho PP-15-801-F02-34, en el cementerio Parque de la Paz, en la parroquia La Aurora (Daule).

En ese camposanto, hasta el lunes 27 de abril fueron inhumados 370 cuerpos y 919 fueron sepultados en la parroquia Pascuales, norte de Guayaquil.

Ahora no sabe realmente si los restos de su madre están en el cofre que tiene en casa o en el cementerio.

Jorge Wated Reshuan, titular de la Fuerza de Tarea Conjunta encargada de la recolección de cadáveres durante la emergencia sanitaria, denunció el hecho en la Fiscalía de Guayas.

En el documento se precisa que el 27 de marzo la mujer llegó sin vida al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de los Ceibos, norte de Guayaquil.

Los familiares contrataron los servicios del IESS para que cremaran el cuerpo de Lilian, de 58 años, y recibieron un cofre con cenizas.

“Como diligencia principal solicitamos la exhumación de los restos donde supuestamente reposa la señora Lilian Cedeño Espinoza (...) con la finalidad de hacer las prácticas necesarias que determinen la identidad”, consta en la denuncia.

Este no es el único caso de irregularidades en entrega de cadáveres. El lunes 27 de abril, Francisco Ceballos, gerente del Hospital de Especialidades Guayaquil, doctor Abel Gilbert Pontón, también presentó una denuncia por un caso similar.

Su pariente no estaba muerta
Alba Maruri, de 74 años, ingresó a esa casa de salud el 27 de marzo con síntomas de covid-19 y ese mismo día sus familiares recibieron la noticia de que había fallecido.

Ocho días después les entregaron un cuerpo que finalmente pudieron cremar el 5 de abril. El cofre con las cenizas lo llevaron a casa.

Sin embargo, el 24 de abril, personal del Hospital Guayaquil les informó de una confusión: Alba seguía internada y el cuerpo que les entregaron era de otra persona, de la cual todavía se debe determinar la identidad.

Los problemas ya se anunciaban desde que circulaban videos de cuerpos dispersos en contenedores que funcionaban como morgues móviles. Ante esto, el 8 de abril Jorge Wated asentó una primera denuncia al conocer casos de que en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del IESS se cobraban valores para entregar los cadáveres.

“El agravante de esa situación es que eso ocasiona que se extravíen la identificación formal de otros fallecidos antes de que sean entregados a la Fuerza de Tarea”, dijo.

Wated ha insistido que el grupo que lidera no es responsable del manejo de morgues y contenedores, pero indicó que se trabaja con peritos de criminalística para identificar los cuerpos. No descartó puedan ocurrir más casos similares. (I)