Fortalecer la capacitación constitucional de jueces y juezas como garantes de derechos
Una de las innovaciones relevantes del texto constitucional de 2008, para el fortalecimiento y protección de los derechos humanos, reside en la atribución de los jueces ordinarios para conocer y resolver las acciones que correspondan a las garantías jurisdiccionales.
La primera observación a ese cambio podría ser la diversidad de realidades y ciertas limitaciones que podrían suscitarse como consecuencia de la heterogeneidad en la formación y preparación de esos operadores jurídicos. Ante ello, valdría preguntar si las dificultades girarían en torno a un exclusivo problema de capacitación de los jueces (zas) o a las condiciones mismas sobre la calidad en el desempeño de sus funciones.
Esa innovación representaría un aporte real al sistema de control de la constitucionalidad en el Estado, sin embargo, no podríamos afirmar que todos los actores judiciales ordinarios cuentan con iguales situaciones para el ejercicio de sus labores precisamente por distintas razones (tiempo de ingreso a la Función Judicial, formación y capacitación, experiencia profesional y laboral, años de carrera judicial, congestión procesal, entre otros).
Bajo ese estado de cosas, una de las tareas primordiales para la Escuela Judicial y la administración de justicia debería ser la implementación de todas las acciones necesarias para asegurar que todos los jueces ordinarios en el país cuenten con una rigurosa y exigente formación en derecho constitucional, en pocas palabras, que ningún juez (a) en el país se quede al margen de esta capacitación y especialización. De este propósito dependerá que algunos logros a los que apuesta el modelo constitucional puedan tener actores y procesos que lo hagan realmente viable. Incluso, un fortalecimiento en la capacitación de los operadores judiciales también contribuirá a las causas que se presenten ante la Corte Constitucional en materia de garantías.
Cabe señalar también que la sociedad asumirá un papel más protagónico en la defensa de sus derechos frente a los actos del poder público cuando encuentre que las y los jueces entienden y asumen su gran responsabilidad para regular y limitar todo aquello que vulnere el texto constitucional, bajo una comprensión cabal de su determinante rol por tutelar los derechos, enfrentando las presiones o posibles injerencias de todo orden que aquello generaría.
Hay un enfoque que aún está en construcción en el país, y radica en la necesidad de ciudadanizar la justicia, lo cual implica que toda persona o colectivo pueda impulsar directamente la exigibilidad de sus derechos en las diferentes controversias que pueda enfrentar: penales, civiles, laborales, entre otras; así como a través de las acciones que pueda emprender sobre garantías.
Los principios constitucionales para la aplicación de los derechos requieren una conciencia constitucional que pueda evidenciarse en todos los operadores judiciales, como también en todos los sujetos de derechos que existen en la sociedad.
