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Se deben fortalecer las instituciones de justicia

Sérgio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
Sérgio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
Foto: John Guevara / et
10 de noviembre de 2019 - 00:00 - Marcos Vaca Morales

Cuando Sérgio Moro aceptó la entrevista el expresidente de Brasil, Inácio Lula Da Silva, todavía estaba en prisión (salió el viernes pasado). Moro es el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y antes de ello fue el juez que condenó a Lula el 12 de julio del 2012, hecho por el cual su nombre sonó internacionalmente.

Moro, asimismo, encabezó la investigación de la operación Lava Jato; uno de los mayores escándalos de corrupción en Brasil y otros países.

La corrupción y la institucionalidad fueron el eje de la reflexión. Vino a finales de octubre a Ecuador para un encuentro con sus pares de la región.

Transparency Internacional publicó el reporte “¿Qué piensan las personas sobre la corrupción en América Latina y El Caribe?” En el documento se revela que 56 millones de personas de este lado del mundo tuvieron que pagar sobornos a cambio de servicios públicos ¿qué le dice esa cifra a usted?

Es una cifra alta. Nos entristece que América Latina tenga esa forma de corrupción tanto en pequeña como en escalas altas. Eso nos propone un desafío, no solo para los gobernantes sino también para todas las personas de la región para que creemos políticas públicas y así reducir y sancionar casos de soborno.

Guatemala y Brasil, según el propio documento de Transparencia Internacional, son los países emblemáticos sobre corrupción ¿Qué lecciones le deja el proceso de Lava Jato, el mayor escándalo en su país?

El Lava Jato, la verdad, funciona como un parteaguas. Había la percepción de que la corrupción era grande en Brasil por las sucesivas publicaciones de escándalos en los periódicos, pero no había consecuencias en las cortes de justicia. El Lava Jato y algunos otros casos representaron un cambio porque varias autoridades públicas, envueltas en corrupción, fueron juzgadas, condenadas y pasarán a responder por crímenes de corrupción.

¿Cuáles son los resultados de las medidas que usted propuso para enfrentar la corrupción?

Acepté el cargo de Ministro de Justicia al final del año pasado y propusimos una serie de medidas al Congreso que no son solo sobre corrupción sino también contra el crimen organizado y delitos violentos. Ahora estamos buscando una serie de propuestas ejecutivas para enfrentar la corrupción en un nivel amplio. Se rompió con una práctica antigua que había en Brasil de “reclutamiento político” en los cargos ministeriales. Esto funcionaba como una fuente de corrupción en ciertas circunstancias. Ahora la formación de ministerios se hace de manera más técnica.

Una de sus medidas era llevar a la cárcel, en la segunda instancia, a los involucrados en corrupción ¿Por qué es tan difícil meter en prisión a los corruptos? Hay muchos políticos acusados, hay pruebas y aún así están libres.

Para ser francos, eso es difícil en el mundo entero, en diferentes niveles. Regularmente quienes están involucrados en corrupción son personas muy poderosas sea económica o políticamente, entonces las instituciones en general tienen dificultes para lidiar con esos casos. Son difíciles de ser probados, una vez comprobados; muchas veces el trámite es muy complejo y no siempre se consiguen los resultados esperados. Pero si se sigue la lógica del imperio de la ley, el fortalecimiento de la democracia demanda una aplicación igual de la normativa sin importar su condición; así sea una persona poderosa o no. No es algo tan simple.

Usted dice que el Lava Jato es un parteaguas en la región, pero este tipo de casos aparecen por la debilidad de las instituciones: cambian los gobiernos, sus políticas y los corruptos salen libres.

En Brasil hay muchos que fueron condenados criminalmente; están en prisión personajes públicos. Hay un crecimiento, pero no existe un fin de la historia. Dentro de la democracia se debe buscar avances institucionales para luchar contra los retrocesos. En el caso de Lava Jato surgieron pruebas y pagos de sobornos a autoridades y agentes públicos de otros países. Brasil, en el marco de políticas de cooperación, compartió esas pruebas con los Estados que tenían involucrados y generó un efecto dominó en América Latina y hubo consecuencias.

¿Y qué puede aprender el resto de América del proceso Lava Jato?

Hay varias decisiones que pueden ser abstraídas, algunas un poco más específicas relativas como la investigación de crímenes que son difíciles y que necesitan procesos especiales de pesquisa. Pero, principalmente, los espacios de cooperación que están en el derecho internacional. Si surge un caso, por ejemplo, en Ecuador en el que se descubren crímenes que fueron practicados en Brasil o alguien aquí corrompiendo funcionarios públicos allá, es importante compartir la prueba. Nadie gana sin cooperación jurídica internacional, solo salen aventajados los criminales.

Debemos aumentar la cooperación entre los países de América Latina. Estamos fortaleciendo la democracia y eso pasa fortaleciendo las instituciones de control como las cortes de justicia (Fiscalía) para que incluso cuando hayan altos funcionarios involucrados en corrupción, estas sean capaces de enfrentarlos.

El escándalo de Odebrecht evidenció la transnacionalización de la corrupción ¿eso hace más compleja la investigación de las irregularidades?

En la operación Lava Jato encontramos que empresas extranjeras sobornaron a directores de Petrobras. Si es un crimen transnacional es importante la cooperación.

La corrupción tiene vínculos con el crimen organizado y a su vez con los delitos violentos. Lo que llama la atención es que cada vez más se evidencia la penetración del crimen organizado en la política, empresas, deporte... ¿Cómo fortalecer las leyes frente a ese fenómeno?

El crimen organizado es otro fenómeno preocupante en América Latina. Tenemos varios países productores de droga y esta terminó como una fuete importante de recepción para el crimen organizado. En Brasil hay varios grupos extremadamente violentos y tenemos intentos de permear principalmente, por ejemplo, a candidaturas municipales. La respuesta es la misma, no se puede negar la realidad pero los países deben tomar un posición en contra del crimen organizado.

¿Y su trabajo, imagino, le deja muchos enemigos? A usted lo catalogan hasta de superhéroe por llevar a corruptos a la cárcel.

No. Soy alguien haciendo un trabajo. Primero como juez y ahora como ministro.

También ha sido criticado por una supuesta injerencia hacia los fiscales y la prensa lo ha criticado ¿es parte del trabajo?

Cualquier persona que está en el sector público es sujeto a críticas. Uno debe comprenderlas y dar las explicaciones necesarias. Siempre he actuado según la ley, mi conciencia está tranquila. Todas las personas que han sido condenadas por el caso Lava Jato en Brasil fue porque fue comprobado en corrupción o lavado de dinero.

¿Cuántas personas han sido sentenciadas producto de su trabajo?

Ahora mismo no tengo un número exacto. Cuando salí tenía un número aproximado entre 40 y 50 centenares. Había un número superior a 200 personas condenadas. Muchos incluso fueron absueltos, cerca del 20%. Todo depende de las pruebas.

¿Cómo ve el rol de la prensa a la hora de denunciar la corrupción en los gobiernos?

La prensa tiene un rol fundamental: vigilar e informar a la población en relación con el Gobierno. Tiene un papel crítico de vigilancia. La libertad de prensa es fundamental en el fortalecimiento de la democracia. La prensa se puede anticipar en revelar un escándalo de corrupción o descubrir hechos que los investigadores no lo ven, pero en los procesos se deben encontrar todas las pruebas para iniciar precisamente procesos.

En la edición 10 del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe se revela que la mayoría de los ciudadanos sostiene que sus Gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción. ¿Es solo una percepción o en verdad a los gobiernos les hace falta herramientas para combatirla?

Históricamente se ha dicho que los gobiernos, legislativos y las cortes de justicia en Latinoamérica hubieran podido haber hecho más. La corrupción no era comprendida como una prioridad. El problema de la corrupción es que afecta al buen funcionamiento de los propios gobiernos porque se desvían recursos que podrían invertirse en políticas públicas o influye para que los funcionarios tomen decisiones equivocadas. En un determinado nivel, la corrupción debilita la democracia, en el sentido de que los gobernados empiezan a sentir desconfianza de los gobernantes y la desconfianza se expande al propio sistema democrático y eso es muy malo y se favorece al autoritarismo. Se puede hacer más y por ese motivo fue que acepté el cargo de Ministro. (I)

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