Con rostro de preocupación e incertidumbre, se encontraba la guayaquileña Silvia Montalvo en los exteriores del Cuartel Modelo de Policía Nacional, donde funciona la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC). Ella acudió a la tercera audiencia para que su esposo recupere la libertad.

La mujer explicó que su cónyuge, junto con otro amigo, fueron detenidos con 16 gramos de droga. En la práctica de los exámenes, resultaron positivo para consumidores. Y el juez ordenó 10 días de instrucción fiscal.

El lunes, 16 de marzo, cumplió un mes en prisión su esposo. Y la audiencia que debía instalarse ayer era para que recupere su libertad, pero no se dio por la emergencia sanitaria.

Realmente es la tercera diligencia judicial que se suspende; la segunda, no se efectuó porque no llegó el fiscal; y la primera, no enviaron las pericias de la droga, indicó Montalvo, que no sabe cuándo será la audiencia, pese a que tiene la autoridad para ingresar a una clínica de rehabilitación.

Silvia no era la única que estaba afuera del edificio de la Avenida de las Américas. Habían muchos más usuarios y abogados que no ingresaron para presentar sus denuncias o registros de firmas de presentación ante la autoridad.

Eso le pasó a Cecibel, una mujer adulta, que está procesada por el delito de abuso de confianza. Ella tiene que presentarse cada 15 días ante la autoridad judicial en la Fiscalía, de la calle José de Antepara, pero como estaba cerrada, acudió al Cuartel Modelo para firmar su asistencias, mas no la dejaron pasar ni firmar.

El policía, que estaba en la puerta, le dijo que vaya tranquila, porque está justificado por la emergencia sanitaria.

Cuando un procesado no acude un día ante la autoridad, el juez ordenará la prisión preventiva. Pero en el caso de Cecibel, el uniformado no dejó que firme su asistencia y le dijo que puede volver cuando no haya la emergencia.

Personal de limpieza, abogados que iban a presentar sus escritos, amigos de funcionarios y comparecientes a procesos penales de flagrancia, ingresaban a la UVC.

También entraban los usuarios que iban a presentar las denuncias con detenidos, por la audiencia de formulación de cargos. Los abogados atendían a sus clientes en la calle, y cogían documentos.

Las diligencias por procedimientos directos y abreviados solo se efectuarán por videoconferencia. Ayer se suspendieron 21 audiencias, informó José Ávila, asistente de Coordinación, quien dijo que se reprogramarán una vez concluyan las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentes y judiciales.

La Fiscalía dispuso que a nivel nacional las unidades de Flagrancia trabajen las 24 horas, en seis turnos con las debidas precauciones.

Según la Corte Nacional de Justicia, Desde el 16 (ayer) hasta el 20 de marzo, quedan suspendidos los plazos o términos previstos en la Ley para los procesos judiciales. (I)}

Dependencias judiciales priorizan la higiene
El servicio en las dependencias judiciales en Quito se realizó ayer con atención relativa, tomando en cuenta la emergencia sanitaria a causa del brote del coronavirus (covid-19).

Algunos usuarios no tenían conocimiento de la disposición emitida por el Consejo de la Judicatura (CJ) que restringió por cinco días laborables el ingreso y la atención del público en órganos como Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales Distritales, Penales, Unidades Judiciales de Primer Nivel y Juzgados de Paz.

Edison Logroño acudió al Complejo Judicial Norte para presentar un pedido de asesoría por un litigio de propiedad. Sin embargo, le explicaron que esos trámites no son prioritarios en estos días y le recomendaron que  regrese hasta nueva orden.

En dicha unidad, las personas que sí ingresaron lo hicieron bajo normas de higiene. Personal a cargo les proporcionaba gel antiséptico.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también se tomaron medidas sanitarias.

En la sala de recepción, funcionarios y usuarios no ingresaron sin antes realizarse una revisión de temperatura y también se les entregó gel.

En los pasillos de la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía se observó menor afluencia a la habitual. Ana María J. fue una de las usuarias que llegó hasta la dependencia. Ella acudió para denunciar un caso de agresión física por parte de su expareja.

La mujer aseguró que la atención fue inmediata. (I)