En el Juzgado Octavo de Garantías Penales de Pichincha se llevó ayer la audiencia de sustentación de dictamen en contra de los 63 sospechosos del desvío de fondos públicos desde el Ministerio del Ambiente, ocurrido en mayo del 2012.

La defensa de los implicados pidió al juez la nulidad de la causa aduciendo vicios en el proceso como: detención ilegal, violación de derechos y fallas en las notificaciones.

Según el fiscal del caso Gustavo Benítez, las acusaciones de la defensa no tenían asidero legal y ratificó  que se ha procedido conforme a derecho. Benítez pidió además sanción para uno de los abogados, indicando que se intentaba hacer “apología de un delito”.

Wilfrido Padilla, abogado de Mayra R., una de las implicadas, explicó que a su cliente le hicieron un depósito en su cuenta sin que ella tenga conocimiento y que por tal situación ha recibido amenazas. Durante la diligencia que duró varias horas, familiares de los involucrados llenaron la sala en donde el fiscal argumentó su dictamen acusatorio en contra de los sospechosos.

Según los informes de la Contraloría General del Estado, el perjuicio causado a la cartera de Estado fue de más de 7 millones de dólares, dinero que se desvió a través de 79 transacciones bancarias hacia cuentas privadas, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Esigef).