En el marco del denominado caso Mascarilla, el fiscal del caso Edwin Anrrango y la familia de Andrés P. solicitaron a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura la aclaración y ampliación de la sentencia en contra del policía David V., informó el jueves 23 de enero de 2020 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

El recurso se solicitó luego de que la Corte Provincial de Imbabura aceptara el recurso de apelación al dictamen del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura que condenó a 40 meses de prisión al policía David V., quien disparó a Andrés P., el pasado 23 de agosto de 2018, en el sector de Mascarilla (Imbabura).

El gendarme pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y -en primera instancia- fue condenado por el delito de extralimitación de la ejecución de un acto de servicio.

El pasado 26 de diciembre de 2019, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia ratificó la inocencia de David y ordenó su liberación. El argumento fue que, si bien se puede determinar que el policía es responsable por estos actos, no es posible determinar su culpabilidad, ya que su actuación se enmarcó en las figuras de estado de necesidad y legítima defensa establecidos en los artículos 32 y 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Felipe Rivadeneira, asesor jurídico de Inredh, indicó que en el mismo COIP, ambas figuras son procedentes cuando el derecho que se intenta proteger está en un real y actual peligro, y que el medio de defensa empleado sea racional y proporcional a la agresión o ataque que el presunto responsable esté viviendo.

"El joven asesinado no solo se encontraba totalmente desarmado, sin que pueda ser considerado como una amenaza real, sino que además estaba de espalda y a varios metros del lugar donde se ubicaba el policía Velasteguí", añadió Rivadeneira.

Genoveva P., hermana del fallecido, aseguró que su hermano estaba de espaldas y corriendo cuando fue impactado por la bala de nueve milímetros de dotación policial. "Nos dicen que fue en legítima defensa, pero eso no es cierto. En los vídeos se ve que en ese momento mi hermano no representa ningún riesgo para el policía, pero lo que pesó en el juicio demuestra la injerencia del poder ejecutivo y de la ministra de gobierno". (I)