En el sector Tres Chorreras, del cantón Pucará,  en Azuay, se desarrolló la madrugada del pasado 14 de marzo un operativo  con personal del Ministerio del Ambiente (MAE),  de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y de la Fiscalía para constatar el daño ambiental generado en el bosque protegido Uzhcurrumi, producto de la extracción ilegal de oro y cobre.

En la diligencia se hallaron 11 campamentos que presumiblemente albergaban a las personas dedicadas a la explotación minera. Cerca del lugar se decomisaron herramientas, explosivos, mechas para detonación, tanques de gas doméstico, combustible, generadores eléctricos, canaletas de recuperación de oro, piscinas abandonadas, burras (carros mineros) y molinos.

Los peritos del MAE confirmaron que la actividad ilegal se había desarrollado dentro de los bosques protegidos, lo que afectó la flora, fauna,  cauce y riberas de ríos. Asimismo, se constató que hay daños en el suelo debido a que para la extracción de los metales preciosos se utilizaron sustancias contaminantes nocivas para el medio ambiente.

La Fiscalía, dentro de sus competencias impulsa la persecución de este delito, con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Constitución, así como  lo  tipificado en el Art. 437 del Código Penal.

La región tiene problemas comunes, como la minería ilegal y el impacto de las hidroeléctricas...Tal como este caso, enmarcado en la minería ilegal, en el país se registran otras actividades ilícitas como la tala de bosques, pesca ilegal de tiburón y de otras especies en épocas de veda, contaminación de ríos, etc. por lo que la Fiscalía, con el auspicio de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, organizó en días pasados un seminario-taller de “Derecho Ambiental Penal”, con el fin de intercambiar experiencias en torno a esta temática, lo que permitirá la integración y coordinación interinstitucional para el tratamiento de ese tipo de delitos.

Silvia Cappelli, coordinadora de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, explicó durante esa cita que la ley penal ambiental tiene sus particularidades que la hacen diferente de las otras áreas penales. Es necesario conocer, explicó, “los aspectos técnicos y las limitaciones” que precisa la norma administrativa para el cuidado del medio ambiente.

Informó que está contemplado que en el proyecto del Código Orgánico Penal Integral se incluyan nuevos tipos penales ambientales. Una de las modificaciones importantes que se hace es con respecto a la previsión de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

“Hay pocos países que tienen todavía esta respuesta legal y para delitos ambientales; la previsión del crimen cometido por las personas jurídicas resulta muy útil porque muchas veces solo reciben las penas las personas que ejecutan materialmente las acciones y con eso quedan impunes los verdaderos mentores de los  crímenes ambientales”.

Manifestó que en Brasil, donde ejerce el cargo de Fiscal Superior del Estado de Matogrosso, se han registrado varios casos de condenas a personas jurídicas, inclusive con fallos en la Corte Suprema de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia, sin opción a apelaciones.

Patricio Del Pozo, asesor-coordinador en temas ambientales de la Fiscalía, indicó que ese tipo de eventos contribuye a que la acción fiscal vaya alcanzando los niveles adecuados que permitan realizar una mejor labor en los casos que corresponda para hacer la persecución de este tipo de actos ilícitos. Según él, estos se producen como consecuencia del incumplimiento principalmente de empresarios o personas jurídicas, y tienen una fuerte connotación económica.

“Si yo dejo de procesar mis residuos, si yo dejo de procesar todos los impactos negativos, tengo más ingresos, pero de eso no se trata; el mundo mismo está sufriendo una crisis grave y es el momento de que todos hagan conciencia de que los impactos negativos que cualquier actividad humana genera pueden ser adecuadamente procesados, evitando la contaminación, que no afecta solamente a una persona, como puede ser en el caso de un delito de asalto y robo, sino que afecta a toda una colectividad. Acá hablamos de derechos difusos”, explicó.

Acotó que lo consensuado en el seminario-taller será plasmado en un borrador que servirá para elaborar una propuesta de una normativa relativa al medio ambiente en los países de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Del Pozo indicó que, al final, siendo el ambiente uno solo en el planeta, lo ideal sería que, empezando por los países fronterizos con la Amazonía, se rompan las simetrías de normas, es decir, si por ejemplo, la tala de bosques es un delito grave en  Ecuador y no lo es en Colombia o Perú con la misma rigidez, eso facilitaría el cometimiento de ese delito y el tráfico en esos países. “La idea es en general y ojalá los otros países se pongan de acuerdo y se tenga una normativa que sancione en términos ejemplares. Es una propuesta, puesto que cada país, como soberano que es, tiene su propia normativa y se rige por sus leyes y códigos”, manifestó.

El experto ambientalista español Luis Burillo Borrego señaló que se realizará un manual recogiendo las ponencias y todo lo que se discutió durante las jornadas, con el objetivo de utilizarlo como un documento base para el desarrollo de esa ley orgánica ambiental que se requiere en la región o para hacer propuestas desde el ámbito penal, inclusive. En ese sentido, resaltó la inclusión de la imputabilidad de la persona jurídica, así como de la reparación del daño causado.

“Se puede hacer un aprovechamiento forestal pero en función de la capacidad de renovación, y eso lo sabemos en momentos en que se obtiene la licencia de la autoridad ambiental que permite que se hagan las cosas dentro de los límites establecidos para utilizar los recursos sin afectar el derecho de las demás generaciones o provocar daños severos como erosión”.

IMPORTANTE DECOMISO DE ALETAS DE TIBURÓN EN UNA VIVIENDA DEL CANTÓN ESMERALDAS

La mañana del martes anterior, personal del Ministerio del Ambiente y de la Policía especializada en la persecución de ese delito decomisó 1.317 aletas de tiburón que se pretendía enviar al exterior, especialmente a países de Asia,  donde existe una alta demanda por su consumo en comidas exóticas.

El decomiso se dio en una vivienda, ubicada en el barrio “La  lucha de los pobres”, en el sur de Esmeraldas, donde además los agentes detuvieron a Estaban V. L., de 43 años, quien fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para que proporcione información sobre la procedencia de las aletas y cuál era el destino final en el mercado nacional o extranjero.

Según el parte policial, fue a través de una llamada telefónica anónima que los policías tuvieron conocimiento del hecho ilícito. Luego se coordinó el operativo con funcionarios del Ministerio del Ambiente y se incautó el producto que, por su cantidad, se estima que fueron unos 329 los tiburones capturados para extraerles las aletas y comercializarlas. Los peces, tras ser capturados y cortadas las aletas, son arrojados aún vivos nuevamente al mar.