Dos funcionarios del hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante son señalados como los responsables de causar la muerte inintencional   de cuatro  de los ocho neonatos que fallecieron en esa casa de salud.

La Fiscalía del Guayas emitió ayer el dictamen acusatorio en contra de Ricardo Alberto Alcívar Zambrano, jefe del área   de neonatos, y Patricia Araceli Parrales Cedeño, directora técnica del centro hospitalario.

Margarita Neira, en representación de la Fiscalía, pidió ante el Juzgado Tercero de Garantías Penales que se llame a juicio a los dos implicados por la  falta de precaución que hubo para evitar el contagio de los infantes.

Ambos funcionarios fueron  acusados por Neira  como   autores de      homicidio inintencional,  al considerar que sus    cargos  respondían a la toma de decisiones que permitieran dar paso a erradicar la bacteria.   

“Al primero  (Alcívar Zambrano) no se lo está culpando de lo que es la serratia marcescens, porque no está en su rol... pero sí tenía que establecer las medidas de prevención para evitar el contagio de los infantes que estaban en su área”, relató la fiscal a cargo del caso. “Si bien no pudo prevenir  la muerte de los   niños Zabala Andrade, Herrera Arreaga y la niña Fernández Zambrano, porque cuando se percataron de que estaban  infectados y era demasiado tarde... sí pudo evitar el contagio de los otros dos niños: Samaniego Torres y Cedeño Alvares. La culpa se presenta por la violación del deber de cuidado”, aclaró.        

A la directora técnica del hospital, en cambio,   se le atribuye  responsabilidades “porque debía establecer, tanto médica como administrativamente, todas las medidas de prevención para evitar que la serratia marcescens, una bacteria agresiva que había existido  desde hace mucho tiempo en el  hospital, no produzca más muertes  de niños, como había pasado anteriormente”.

Dentro de la instrucción fiscal iniciada en este caso se determinó además que   el  ingeniero  Lauterio Aurelio Nareda, jefe del área de mantenimiento, no tuvo responsabilidad en las muertes de los menores.

Así lo argumentó Neira al aclarar que se abstuvo de acusarlo   porque -según la investigación- cumplió su rol al solicitar a la directora  Parrales que  dé paso al cambio a la red de  tubería habilitada en el área, pero no se tomó en cuenta el  petitorio.

La funcionaria recordó   que, de acuerdo a las pruebas realizadas para determinar la presencia de la bacteria, los grifos eran los principales ductos contaminados.      

Eduardo Díaz Navarrete, del Juzgado Tercero de Garantías Penales, presidió la diligencia en la que las partes presentaron sus argumentos.

En la audiencia también estuvo presente el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien decidió presenciar el dictamen de Neira para  verificar que   los argumentos acusatorios sean  los necesariamente sostenibles.

“Este es un caso importante (y) la   fiscal ha hecho un gran trabajo...  Iremos a un juicio penal con las personas que han sido  llamadas (luego de que el juez así lo acepte)”, aseveró el funcionario. 

Dijo que la Fiscalía maneja la teoría de que muchos de esos niños murieron por la infección de una bacteria, pero también es cierto que la condición de   otros infantes, que se encontraban   en inmunología muy débiles, provocó sus muertes.

No obstante, señaló que  no se han establecido  procedimientos y protocolos que debían cumplirse para evitar los decesos.
Hasta la tarde de ayer se desarrollaba la audiencia con la intervención de los abogados defensores de los implicados.