El juez nacional Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país contra la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña.

Además, ordenó la presentación periódica los lunes en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, entre las 08:00 y 10:00.

También la prohibición de enajenar el departamento que Vicuña tiene en Quito, valorado en $ 67.000, para garantizar el presunto perjuicio cometido que es de $ 23.300.

La resolución fue hecha pública al término de la audiencia de formulación de cargos que se cumplió a doble jornada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la diligencia que se instaló a las 10:00, la fiscal general (e), Ruth Palacios, presentó 21 elementos de convicción para sustentar su tesis de que la exlegisladora cometió el delito de concusión.

En una larga exposición, la Fiscal acusó a Vicuña del presunto cobro de diezmos a sus excolaboradores Ángel Polibio Sagbay y Carla Obando, cuando era asambleísta.

Según su relato, la exvicepresidenta recibió transferencias en sus cuentas de los bancos Bolivariano y Machala por más de $ 16.000 y $ 3.700, respectivamente.

Agregó que según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), hay desfases en la declaración del impuesto a la renta de Vicuña.

 Ella presentó su declaración entre 2008 y 2017, por   $ 512.000, cuando sus ingresos superaron los $ 1,1 millones. En ese informe constarían los depósitos de Sagbay  y de Obando, además de una transferencia por alrededor de $ 16.000, cuyo origen aún se desconoce.

Según Palacios, Sagbay trabajó como asistente administrativo de Vicuña entre junio de 2011 y mayo de 2012, y como asesor uno, de junio de 2012 a mayo de 2013.

En ese período, supuestamente, habría sido obligado a depositar, primero $ 300 y después $ 1.400 mensuales al ser ascendido de cargo.

La fiscal aseguró que Vicuña no ha justificado qué pasó con ese dinero, en qué fue utilizado y si fue a las cuentas del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) o no.

Esto porque, según información de la tesorería nacional de Alianza PAIS, no constan depósitos de Vicuña o de ABA hacia el movimiento político entre mayo de 2011 y mayo de 2013.

Bajo estos argumentos, la Fiscal pidió al juez que se disponga la prisión preventiva a la exvicepresidenta por no existir las garantías de su presencia en el proceso.

Además, demandó la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas por $ 23.300, que sería el monto del perjuicio.

Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, quien no acudió a la audiencia, expresó su indignación y cuestionó el pedido fiscal.

Consideró que la prisión es de carácter excepcional, además dijo que su defendida ha demostrado durante la investigación su predisposición de colaborar con la justicia.

Presentó también documentos de arraigo, entre ellos uno de la Presidencia de la República, donde certifica que Vicuña tiene servicio de protección presidencial.

Certificados migratorios, de divorcio, de ser apoderada de su hija menor de edad, de trabajo, residencia, de una vivienda en Samborondón y un departamento en Quito.

Ontaneda pidió a la Fiscal que cambie las medidas solicitadas por la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial.

La fiscal Palacios acogió el pedido, lo cual facilitó el fallo del juez, que además dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

Marco Proaño Durán, en representación de la Procuraduría del Estado, tampoco puso reparos a la solicitud de la defensa de la exvicepresidenta de la República.

El procesamiento de Vicuña se produjo luego de que el pasado 8 de enero la Asamblea decidió devolver al juez  el pedido de que se autorice el enjuiciamiento penal de la exsegunda mandataria.

El pleno legislativo consideró que el trámite es “improcedente”, porque a esa fecha Vicuña ya no era vicepresidenta. (I)