La jueza guatemalteca Carol Patricia Flores rechazó una recusación planteada en su contra por la Fiscalía y aseguró que seguirá conociendo procesos por delitos de genocidio, los cuales implican a exjefes militares.

Flores, presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo, fue recusada por la Fiscalía para que deje de conocer un caso de genocidio y de lesa humanidad en el que se implica al general retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de ser autor intelectual en estas muertes, perpetradas por el Ejército en el departamento noroccidental de Quiché.

Según el argumento del Ministerio Público (MP), la jueza ha favorecido con sus resoluciones a los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez, procesados por la matanza de 1.771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983, lo que pone en duda su imparcialidad.

El pasado 18 de abril, Flores anuló el juicio que celebraba el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo contra Ríos Montt y Rodríguez, por considerar que se había violado el debido proceso.

Sin embargo, el tribunal continuó con el caso y el 10 de mayo pasado halló culpable a Ríos Montt de los delitos de genocidio y de lesa humanidad y lo condenó a 80 años de prisión. Rodríguez fue absuelto.

Empero, diez días después, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, y ordenó la reanudación del juicio a partir de la resolución de Flores.

El Tribunal B de Mayor Riesgo, designado para continuar con el debate oral y público contra Ríos Montt y Rodríguez, anunció que la diligencia se reanudará posiblemente hasta abril de 2014, ante la  falta de tiempo para analizar el proceso.

Flores dijo a los periodistas que sus resoluciones han sido apegadas a derecho y que, por lo tanto, continuará conociendo procesos por genocidio que lleguen a su judicatura. Esta es la segunda vez en menos de dos días que Flores refuta recusaciones en su contra.

La jueza también rechazó el lunes la petición de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), para que dejara de conocer el proceso por la matanza de 201 campesinos perpetrada en 1982 por el Ejército,  en la que se implica a Ríos Montt.

Flores sostuvo que nunca ha tenido ningún interés en favorecer a los militares y remarcó que las resoluciones que emite son conforme a la ley.