Hace un mes, el fiscal Rómulo Sevilla emitió dictamen acusatorio contra Ángel Ch.N., procesado por abuso sexual a un niño, de 8 años, que como consecuencia de ello hoy está infectado con VIH.

La Fiscalía indicó ayer que el Tribunal Penal, conformado por los jueces Edwin Logroño, Segundo Mora y Carlos Muñoz, no han fijado fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Hoy la fiscal Margarita Neira solicitó que el Tribunal se pronuncie y fije una fecha para la diligencia judicial.

Hace 3 años, el estudiante fue abusado en 5 ocasiones por el conductor del expreso escolar de la Cooperativa Juan Montalvo de Guayaquil, en el baño de su unidad educativa, donde lo llevaba con engaños y amenazas.  

La denuncia fue presentada por el padre de la víctima el 16 de julio de 2014 en la Fiscalía de Guayas, en contra del chofer del expreso, quien tenía como defensor al abogado Eduardo Franco Loor.

Ante la repercusión mediática, Franco Loor notificó el pasado martes que hace unos meses ya no defiende al chofer implicado en este caso. El niño, ahora de 11 años, le ha pedido a su actual defensor, Pedro Granja, que le prometa que ese hombre no lo volverá a tocar.

Según la defensa de la víctima, Jessenea Hidalgo Ordóñez, jueza de la unidad judicial a cargo de esta causa, pese a conocer que desde  2008 el agresor sexual padece de VIH, según las pruebas médicas remitidas a su despacho, no ordenó la detención del implicado. El fiscal pidió la apertura del proceso, mas no la prisión del violador.

Un equipo de EL TELÉGRAFO se desplazó ayer hasta la unidad educativa donde los moradores informaron que esta dejó de funcionar hace 3 años. Mientras que el cuidador que en ese momentoestaba en ese centro, guardó silencio.

“Desde el período 2014-2015 los alumnos fueron reubicados a otras instituciones públicas cercanas, ya que se suponía que construirían una unidad de milenio. Sin embargo, el lugar con el transcurso del tiempo se ha convertido en un peligro porque los delincuentes aprovechan para robar”, denunció Rosa J.

Aampetra investiga estos casos

Precisamente para tratar este tipo de casos, asambleístas del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) y la Comisión Especial Ocasional de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), se reunieron la tarde de ayer en Guayaquil con cuatro progenitores de las víctimas abusadas en la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad.

Norma Vallejo, vicepresidenta de la Comisión Aampetra, durante el encuentro ratificó que como asambleísta velará por el respeto al debido proceso en los casos denunciados, los cuales llegan a 907 desde el 2014 hasta la fecha.

Dijo que la comisión velará por una reparación real y concreta a las víctimas y por la erradicación de los abusos sexuales a menores en los centros educativos del país.
Vallejo reconoció que los procesos contra los abusadores en la Fiscalía no fueron ágiles y “sorprendentemente en las unidades educativas nadie advirtió lo que pasaba y los padres tampoco se percataron de las señales de abusos que daban los niños”.

Destacó la presentación de una ley reformatoria a las normas laborales que no permitan la caducidad de los sumarios administrativos y vistos buenos, pero que también se garantice la estabilidad laboral del funcionario que denuncie cualquier irregularidad en los planteles.

Pidió el apoyo del periodismo para canalizar las denuncias y difundirlas sin la revictimización de los menores, ni de su familia.

Además se mostró de acuerdo con la implementación de una política de puertas abiertas para los padres de familia en los colegios y la intervención de organizaciones no gubernamentales afines a la lucha a favor de los derechos de los menores, para que visiten los centros educativos sin previo aviso ante cualquier alerta de abuso.

La asambleísta Silvia Salgado ratificó que buscan la reparación y no revictimización de los niños abusados. “Este delito en el Aguirre (Abad) tiene que ser investigado y el Estado debe reparar a las víctimas para recuperar la confianza en el Ministerio de Educación. Pedimos a la ciudadanía que pierda el miedo y revele el delito”.

Salgado anunció la conformación de una comisión interinstitucional para supervisar los casos y tener una agenda única para tratarlos. “Hemos identificado negligencia, falta de capacitación, nula coordinación entre actores, espíritu de cuerpo mal entendido; en el sistema de justicia no hay personal especializado para el trato de estos casos y falló en el nombramiento de autoridades temporales”.

La vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, informó que se endurecerán las leyes para castigar a los violadores y se creará otra para prevenir el delito. (I)