Luego de 30 horas de diligencia, distribuidas en 3 días, el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, acusó a 10 de los 13 procesados en el primer caso instaurado por delitos de lesa humanidad en Ecuador.

El proceso busca juzgar a los presuntos responsables de las torturas, violencia sexual y desaparición forzosa que sufrieron Luis Vaca Jácome, Susana Cajas y Javier Jarrín en 1985, tras ser detenidos en Esmeraldas y encarcelados sin fórmula de juicio en un destacamento militar, en el gobierno de León Febres-Cordero.

En la audiencia preparatoria de juicio, que inició el miércoles y se suspendió la tarde de ayer, la Fiscalía se abstuvo de acusar a tres de los sindicados por falta de elementos de convicción: coronel de policía Wilfrido Ch., coronel del Ejército Elías M. y al exenfermero del recinto militar de Conocoto, Miguel Ángel L.

En cambio, solicitó a la jueza Lucy Blacio, titular de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que dicte auto de llamamiento a juicio en calidad de autores de delitos de lesa humanidad a Luis P., exministro de Defensa del gobierno de Febres-Cordero; Jorge A., exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; Marcelo D., exdirector de Inteligencia; Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AIM; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); Guillermo R., exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM; Jorge C., militar del ejército; y Édgar Vaca, exjefe del SIC 10 y excomandante de Policía, prófugo en EE.UU.

La Fiscalía evidenció ante la jueza que los imputados respondían a una estructura creada por el Estado para eliminar a grupos que consideraba subversivos. Bajo esa dinámica, personal policial y militar cometió actos que violaron los derechos humanos.

Los abogados de los implicados expusieron sus argumentos, la mayoría de los cuales se centró en desvirtuar la presencia de los exoficiales en los recintos donde permanecieron detenidas las víctimas.

Ayer, en el último día de alegatos, Chiriboga mencionó que el exgeneral Édgar Vaca fue jefe del SIC 10, ente paralelo a la Policía que se encargó de la lucha antisubversiva. En las investigaciones descubrió que utilizaba el seudónimo ‘Ingeniero Calvo’ para firmar los documentos donde se anotaban las novedades con los detenidos, entre los cuales quedó registrada la aprehensión de Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca, quienes integraron el grupo Alfaro Vive ¡Carajo! (AVC).

Según el Fiscal, los 3 detenidos fueron torturados y 15 días después trasladaron a Cajas y a Jarrín al penal de Quito, mientras que Vaca quedó recluido en una celda del cuartel de Conocoto, manteniéndolo incomunicado por más de dos años.

Marcelo Dueñas, abogado de Édgar Vaca, rebatió la documentación presentada como elemento de convicción, aduciendo que allí no se precisa que el alias ‘Ingeniero Calvo’ corresponda a su defendido.

En medio de su argumentación, arremetió contra EL TELÉGRAFO por un artículo publicado ayer en la sección Justicia que recoge el perfil de Susana Cajas, una de las tres víctimas de delitos de lesa humanidad que hoy lleva adelante el proceso junto a Luis Vaca.

Dueñas mostró el artículo de prensa ante la jueza y señaló: “en este se habla de Justicia, de qué justicia... Sabemos quién es el director de este periódico”. La argumentación -al parecer- buscaba que la jueza incorpore la nota periodística como prueba de descargo por la presunta incidencia que tendría en el proceso, pero su pedido fue rechazado.

Tras sostener que Édgar Vaca mantuvo una hoja de vida destacada en la Policía, pidió a Blacio que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran desechadas porque -a su criterio- carecían de validez.

Ya en declaraciones a la prensa, Dueñas pidió al Diario responder por la publicación del perfil de Susana Cajas. Al consultarle sobre si existiría una conexión entre este proceso penal y las agresiones contra el Director de este medio en las redes sociales, el abogado dijo: “habría que verificar que sean ciertas, yo personalmente dudo, y tienen todo el aparato del Estado para investigar”.

La jueza Blacio suspendió la audiencia hasta el 21 de marzo, cuando dará su decisión en torno al dictamen fiscal sobre el grado de responsabilidad de los implicados, antes de enviar el proceso a la Sala de sorteos que designará al tribunal para el juzgamiento.

DATOS

A 4 años de reclusión menor fueron sentenciados 12 exintegrantes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía, por detener ilegalmente y torturar a cuatro personas, en septiembre de 2009. El jueves, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha emitió por escrito la decisión tomada en febrero pasado, tras la audiencia de apelación a la sentencia en la que los 12 expolicías fueron declarados culpables en calidad de autores.

Ayer en la tarde, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Cuenca determinó la inocencia del policía Pablo I. por la muerte del joven Damián Peña, fallecido tras recibir un disparo en una manifestación estudiantil en 2012. La Fiscalía apelará la sentencia. El fiscal Andrés Cabrera argumentó la nulidad del caso por falta de imparcialidad en el proceso, ya que Pablo I. pertenece a la institución policial y las investigaciones del proceso las realizó este organismo.