La Fiscalía analiza una supuesta red de corrupción que operaba en el anterior Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y en el actual Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT).

La Comisión Anticorrupción y Justicia Vial presentaron la denuncia el 4 de agosto de 2017 en contra de la empresa de auditoría médica Beleoma, que utilizaba, supuestamente, documentos falsos para beneficiarse del proceso de auditoría médica.

Guillermo Abad, director de Justicia Vial, señaló que llegaron a esta compañía por otra empresa, que curiosamente ganaba todos los concursos de auditoría médica. Por ello, en el sexto proceso, el concurso quedó desierto y esta empresa, supuestamente, creó una segunda, Beleoma, para adjudicarse el proceso de auditoría.

En la Superintendencia de Compañías, Beleoma fue registrada con sede en Portoviejo (Manabí), y la compañía fue inscrita el 13 de marzo de 2012 para  la venta, representación, instalación y mantenimiento de equipos médicos. Entre los accionistas constan Manuel N. con un capital de $ 225.000 y Miguel P. con $ 75.000.

La Fiscalía investiga a estas personas. Según Abad, se estima que en enero del próximo año se formularán cargos a los involucrados, entre ellos exfuncionarios del actual SPPAT. Cree que habrían cometido falsificación de documentos, así como peculado, ya que en una nueva investigación se halló una presunta sobrefacturación entre el 30% y 40% de los documentos de las auditorías.

El perjuicio para el Estado sería de entre $ 20 millones y $ 25 millones anuales. Estos problemas se suscitaron desde 2013 hasta 2016. Sin embargo, Abad explicó que esta empresa, que realizaba entre 40.000 y 50.000 auditorías, estaba integrada por exfuncionarios del SPPAT. Eran quienes aprobaban los pagos del Estado a las clínicas particulares.

Abad detalló que una persona ingresó a una clínica con fractura de un dedo, pero facturaron como que estuvo en terapia intensiva.

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, esta empresa en “contubernio con ciertas clínicas triplicaba y cuadriplicaba los costos”.

A su criterio, era la “intermediaria administradora del fondo estatal” y de las investigaciones se determinó que “obtenían el contrato y eran juez y parte de las indemnizaciones”.

El abogado Iván Valenzuela detalló que más de 14 personas rindieron la versión, a excepción de Bizmarc M. y Rommel C., exfuncionarios del SPPAT. Solicitó que estas personas concurran “bajo prevención”, ya que es la segunda vez que no asisten.

Este Diario intentó comunicarse con Beleoma, pero hasta el cierre de la edición no hubo una respuesta. La web (www.beleoma.med.ec) que consta en la Superintendencia no existe. (I)