La Presidencia y la Corte Constitucional están en la mira de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía.

En estas dos entidades, la fiscal Ruth Amoroso realizó allanamientos para buscar más evidencias del caso Arroz Verde, en el que se analizan los supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del gobierno de Rafael Correa por parte de más de 10 multinacionales, entre 2013 y 2014.

En la Presidencia se allanaron el lunes las oficinas de Control de Bienes, ubicadas en el edificio La Unión. En este lugar se encuentra el área administrativa de la sede de Gobierno. De ese lugar se llevaron equipos electrónicos.

En días anteriores, la fiscal pidió información sobre teléfonos móviles usados por el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, así como de la exministra María de los Ángeles Duarte.

La situación fue similar en la Corte Constitucional, en donde ayer se incautó dos CPU, un teléfono celular, una tablet y dos laptops.  Antes del arribo de Amoroso, a esa entidad llegaron cerca de 10 peritos. Luego Amoroso ingresó con cinco personas más.

En un comunicado, la Corte Constitucional dijo que presta las facilidades necesarias a la fiscal en la incautación de los equipos electrónicos.

Señalaron que esos equipos fueron utilizados por las personas presuntamente involucradas en el caso. Se refiere a Pamela M., quien fue exjueza del organismo. Ella y su asesora Laura T. permanecen detenidas por un concierto de presuntos delitos que van desde el cohecho, lavado de activos hasta la asociación ilícita.

Hoy en la Corte Provincial de Pichincha, se analizará el pedido de revocatoria de la prisión preventiva de ambas exfuncionarias.

También está prevista la comparecencia de Olga Muentes, quien fue exasesora de Jorge Glas y habría trabajado con Odebrecht.  Ayer, en cambio, Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, no compareció. (I)