El trabajo de los funcionarios de Contraloría, apoyados por la Policía, no lo paraliza ni el coronavirus.  

El último allanamiento se registró entre la tarde y noche del viernes 22 de mayo, en el Instituto Provincial de Asistencia Social de Bolívar, con el fin de recabar indicios sobre la adquisición de kits de alimentos con presuntos sobreprecio y recomendación dirigida de adquisición.

El fiscal Cristian Lucio, encargado del caso, manifestó que se iniciará una investigación previa por el presunto delito de peculado.

 De acuerdo con la información recabada, la empresa que figura en el proceso de compras públicas se dedica a la venta de equipos tecnológicos, según la acreditación ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo que su actividad no estaría relacionada a la comercialización de kits alimenticios.

En los operativos se incautaron computadoras, los kits que se encontraban almacenados en una bodega y documentación que estaría relacionada con el proceso de compra.

El Fiscal dispuso la fijación de evidencias que fueron ingresadas en cadena de custodia por Criminalística, para las pericias respectivas, con las que se buscará determinar responsabilidades en el hecho que se investiga.

En un caso relacionado con la compra de kits alimenticios, ya se inició instrucción fiscal y a la principal sospechosa, exfuncionaria de la Secretaría de Riesgo, le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Además la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad  penal, que lo acogió la Fiscalía.

El pasado viernes la Contraloría entregó a Fiscalía tres informes con indicios de responsabilidad penal en los contratos del área de salud, que fueron tramitados dentro de la emergencia sanitaria. (I)