La ministra del Interior, María Paula Romo, reprochó la violencia registrada en la parroquia Posorja, del cantón Guayaquil, que dejó como resultado tres personas linchadas hasta la muerte y el ataque a un reparto policial.

En rueda de prensa ofrecida este 17 de octubre, en Quito, la ministra señaló que aproximadamente 2.000 personas atacaron la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Posorja, luego de que se corrió el falso rumor de que tres personas detenidas por robo estaban más bien implicadas en un delito de secuestro de menores.

La secretaria de Estado indicó que la gran cantidad de personas, algunas de ellas armadas con bombas caseras, superó la capacidad de respuesta de los uniformados destacados en la parroquia.

"Evidentemente esta es una situación para que la Policía no está lista en una UPC. No tienen en una UPC un contingente antimotines para contener a 2.000 personas. La Policía hizo todos sus esfuerzos para precautelar la vida de las personas aprehendidas, porque es también nuestra responsabilidad y todos nuestros policías están heridos por eso", apuntó Romo.

Romo confirmó que el único caso relacionado con secuestro de un menor en 2018 es el ocurrido en la provincia de Sucumbíos  y que fue resuelto el domingo 14 de octubre con la captura del presunto raptor, en un poblado fronterizo de Colombia.

Por ello, la ministra hizo un llamado a la prudencia. “Debemos ser responsables con la información. “A todos nos preocupa un caso relacionado con un niño pero tenemos que acudir a fuentes oficiales”, enfatizó la secretaria de Estado.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa para determinar los hechos reales que provocaron los actos violentos suscitados la tarde del martes 16 de octubre.

En un comunicado, el ente rechazó "este tipo de acciones al margen de la ley y la justicia".

Recalcó que su misión es "dirigir la investigación preprocesal y procesal penal ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos".

La Fiscalía provincial del Guayas dispuso que, además del fiscal de este cantón, otros dos fiscales de la Unidad Especializada de Personas y Garantías de Guayaquil inicien todas las investigaciones y se apoyen en el trabajo que realiza la Policía Nacional para identificar a los responsables de los delitos que presuntamente se hubieran cometido en esa jurisdicción.

Desde la Asamblea Nacional también se emitió un pronunciamiento oficial, en el que se condena los hechos violentos.

De allí que urge a un "intenso trabajo para fomentar la paz y el diálogo entre ciudadanos y autoridades, para que el país recupere la confianza en el sistema de justicia, con el objetivo de combatir la impunidad, garantizar el debido proceso y evitar que este tipo de situaciones se repitan". 

"La violencia es la respuesta de una sociedad que no construye diálogo", apunta el comunicado de la Asamblea.

Según la Policía, los tres sujetos linchados habían sido detenidos por un robo estilo "paquetazo", no por secuestro. Pero el rumor del supuesto secuestro hizo que la población se enardeciera. (I)

Autoridades niegan que ajusticiados en Posorja hayan sido secuestradores►https://t.co/sTVU6agbwA

Los fallecidos fueron detenidos por un robo estilo "paquetazo", pero tras un rumor de que habían secuestrado a unos menores, fueron ajusticiados. pic.twitter.com/K6hz4zuDoE

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) October 17, 2018