La Fiscalía General del Estado vinculó este miércoles 12 de enero del 2022 a tres personas más que formarían parte del delito de presunto peculado en la adquisición de siete helicópteros Dhruv, en agosto del 2008.

Para ello, la institución presentó más de 45 elementos de convicción en el caso. Los procesados son Juan Antonio C., quien a la fecha de los hechos era representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL); Alonso E., exjefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE, y responsable de la recepción de las aeronaves; y, Jaime P., quien era jefe del proyecto de adquisición de los helicópteros.

El juez nacional Luis Rivera dictó para los procesados la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. Además, les dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de 500 salarios básicos unificados.

El plazo de la instrucción fiscal se extiende por 30  días más, tiempo en el cual -por disposición del magistrado- continúa la prohibición de enajenar los tres helicópteros Dhruv.

La audiencia de vinculación se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia y participó el fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien señaló que los hechos que se investigan tienen relación con el proceso de contratación para la adquisición de siete helicópteros para la FAE por parte del Estado ecuatoriano -a través del Ministerio de Defensa Nacional- a la empresa HAL, representada en el Ecuador por la compañía SUMIL C. A.

El propósito en principio era fortalecer el área operativa de la FAE con helicópteros de mediana capacidad y multipropósito, para que operaran en todo el territorio, las 24 horas del día, y cumplieran misiones de búsqueda, rescate, combate y transporte VIP.

Según Fiscalía, se detalló que el proceso de contratación para la compra de las aeronaves por parte del Estado habría estado viciado desde la fase preparatoria hasta su ejecución.

Además, considera que los funcionarios públicos infringieron el deber y la obligación de velar por la administración pública, pues  erogaron 63’159.152,17 de dólares a favor de la empresa adjudicada (HAL), a pesar de que supuestamente incumplía con varias especificaciones técnicas operacionales.

En este caso, el 6 de octubre del 2021, la Fiscalía formuló cargos contra otras 15 personas, entre ellas los exministros de Defensa Wellington S. y Javier P.