Fiscalía de Machachi inició proceso a funcionaria por presunto peculado

Para el 11 de mayo próximo está prevista la reinstalación de la audiencia de juicio seguida por el delito de peculado en contra de Rosa S., funcionaria de la Agencia Nacional Postal en Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha.

En el primer día de la audiencia, instalada la tarde del jueves 27 de abril en el Complejo Judicial del Norte, en Quito, el fiscal de la causa, Christian Fierro, presentó su teoría del caso ante el Tribunal Penal de Garantías Penales, conformado por los jueces Gonzalo Fuentes, Marcelo Narváez y Caterine Vásquez. Además presentó las versiones de 7 de los 12 testigos convocados por la Fiscalía.  

Fierro relató que el 12 de septiembre de 2013, en un arqueo (auditoría) sorpresa realizado a la empresa, se habría evidenciado dinero faltante de los meses de abril, mayo, junio y septiembre de 2013, por un monto de $ 7.681,33.

El dinero faltante era de la cuenta de cobro de servicios básicos, que estaba bajo la responsabilidad de la funcionaria Rosa S. Sin embargo, ella no habría depositado el dinero recaudado en la cuenta bancaria perteneciente a la Empresa Pública Correos del Ecuador, transacción que estaba obligada a realizar diariamente.

La cuenta de servicios básicos agrupa un servicio de Puntomático, donde la ciudadanía cancela los rubros de luz, agua, teléfono y otros; y también recepta los pagos de los servicios que oferta Correos del Ecuador.

Después de determinar los faltantes, manifestó el fiscal Fierro, la empresa pública puso una denuncia, ante lo cual la Fiscalía solicitó a la Contraloría General del Estado que se practique un examen especial para determinar indicios de responsabilidad penal en este caso.

Para que la Fiscalía inicie un proceso por peculado necesita el examen de Contraloría, la ley lo determina como un requisito de procedibilidad para conocer una infracción penal a través de la denuncia, manifestó el Fiscal.

Entre los testigos presentados por la Fiscalía están los auditores que realizaron el arqueo, funcionarios de Contraloría, entre otros. Para la reinstalación está prevista la presentación de otros 5 testimonios de Fiscalía.

Este caso se procesa con base en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que determina una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. (I)