Oswaldo L.P. ingresó a las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Quito (AMT) armado con una supuesta bomba y amenazó con hacerla explotar. Tomó como rehén a una funcionaria de la entidad, intimidándola con un cuchillo y colocando el artefacto en su cuello.

Por este hecho ocurrido el pasado viernes 27 de agosto del 2021, la Fiscalía abrió una investigación durante 30 días contra el procesado por el delito de terrorismo. Mientras tanto, él se encuentra en prisión preventiva. 

Oswaldo L.P. exigió que se cumplieran varias peticiones que tenía anotadas en un papel: la presencia del Presidente de la República de forma virtual y de otras personas más, así como de los medios de comunicación.

En un descuido, mientras la Policía especializada intentaba negociar con él, los agentes lo desarmaron y aprehendieron.

Ante estos hechos, la Fiscalía presentó al Juez el parte policial, el informe de cadena de custodia, el certificado médico-legal del aprehendido, la denuncia y reconocimiento de esta por parte de la rehén, el informe de la evaluación psicológica practicada a la víctima, la versión del Director de la AMT, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, los indicios y las versiones de los agentes aprehensores.

Según detalló la Fiscalía, el delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años, a la persona que “individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos (…)”.