La historia de la rehabilitación social para mujeres delincuentes en el país inicia desde el siglo XVI con el camarote de Santa Marta, instaurado en Quito.

Después con el ala para mujeres de la Penitenciaría Nacional de Quito, el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, más conocido como Cárcel de El Inca y en la actualidad el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte Cotopaxi-Femenino.

En diciembre de 2014, la cárcel de Cotopaxi albergaba a 570 reas, mientras que cuatro años después la cifra en ese lugar llega a 803 mujeres, lo que significa que en ese tiempo creció esa población carcelaria en un 29%.

Así lo confirman las cifras oficiales y el estudio denominado “Mujeres con pena privativa de libertad: ¿quiénes son y cómo viven en una cárcel de Ecuador?”, publicado en la revista URVIO de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), bajo la autoría de Laddy Almeida.

El estudio critica las escasas políticas públicas implantadas por los gobiernos de turno en favor de las presas, con el argumento de que este grupo representa solo el 10,5% de la población carcelaria adulta, “lo que queda en evidencia que consideraciones como el bajo número de mujeres delincuentes presas ha sido un impedimento para conocer las particularidades de este grupo poblacional”.

Almeida explicó que cuando no hay un desarrollo económico y político debidamente planificado, existen desequilibrios sociales que propenden a la falta de empleo y marginalidad. Ello genera, a su vez, angustia en quienes, por esa falta de oportunidades, optan por cometer actos delictivos.

“El crecimiento, el desarrollo económico y la criminalidad están relacionados”, cita la autora a la investigación.
En el caso particular de la delincuencia femenina, Almeida justamente señala que la mayoría se da en condiciones de pobreza, marginación, discriminación racial o étnica, trabajos precarios y poco saludables, desocupación o subocupación en los estratos sociales más bajos, con familias problemáticas y bajo nivel de instrucción y de cultura.

El principal problema de Ecuador y de América Latina en general es el tráfico y venta de drogas. Esto desencadena en el principal delito que cometen las mujeres en el país, quienes “provienen de áreas económica y socialmente vulnerables y en la mayoría de
los casos son personas que han tenido menos oportunidades, incluso que han sufrido pobreza familiar y menores niveles de educación”, según lo determinó la Comisión Interamericana de Mujeres en 2014.

Entonces la inclinación a cometer delitos está ligada directamente con el desarrollo de los pueblos.

Hasta el año 2014, Quito albergaba al Centro de Rehabilitación Social Femenino o cárcel de El Inca, donde estaba el 38% de la población carcelaria de mujeres del país, que ascendía a 1.129. De ese porcentaje, el 81% estaba procesado por delitos vinculados con drogas.

En cuanto a la instrucción educativa de las presas, tan solo el 40% había conseguido culminar el ciclo general básico y el 41% había cursado el bachillerato.

El 72% de ellas pertenecía a la población económicamente activa. Es decir, este porcentaje corresponde a mujeres en edades entre 18 y 39 años.

“No hay afirmaciones concluyentes en lo referente a su situación económica, pero considerando que el 81% de ellas no tuvo acceso a una escolaridad suficiente, puede presumirse una precariedad en este sentido”, aclara Almeida en su estudio.

En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó las cifras de pobreza.

En ellas destacó que el 23,7% estaba en situación de pobreza, lo que implica un ingreso familiar per cápita inferior a $ 84,65 al mes y, el 8,6% de la población estaba en pobreza extrema, es decir con ingresos familiares per cápita inferiores a $ 47,7 mensuales.

Almeida infiere que a la desventaja social, laboral y económica se suma como agravante el hecho de que en Ecuador seis de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género y una de cuatro, violencia sexual.

Al problema de la falta de oportunidades económicas se añade la falta de trabajo.

Según el censo de 2013, del total de la población con empleo solo el 38,8% eran mujeres y el 61,2%, hombres. Sin embargo, en lo que respecta a trabajo no remunerado que implica limpieza del hogar, cuidado dentro de la familia, vivienda y ropa, sí estaba controlado por las mujeres con el 78,34%, frente al 21,66% que dedicaron los hombres a estas labores. (I)