Si bien el asesinato reciente de Karina del Pozo es representativo de la violencia profunda contra las mujeres en América Latina, caracterizada por su brutalidad, forma parte de un fenómeno más amplio que atañe al sexo femenino en  el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres y las niñas es una plaga. Al menos un tercio de la población femenina del mundo ha sido golpeada, maltratada o víctima de relaciones sexuales forzosas.

En numerosos casos, la violencia alcanza niveles   altos que se convierte en un vector de asesinatos. Cada vez más, se presta atención al tema de los feminicidios y de las causas de crímenes cuyas características son parecidas. Puesto en el primer plano por Diana E. H. Russell, escritora feminista sudafricana, el término “feminicidio” se refiere a un acto de violencia basado en el género y cometido por un hombre contra una mujer, acarreando, de hecho, su muerte.

La saña contra la mujer se da como consecuencia de su infracción a dos normas del patriarcado: la del control o posesión sobre el cuerpo femenino y la superioridad presupuesta del hombre. En una sociedad que convive con dos evoluciones: una donde las mujeres se emancipan del rol tradicional que les estaba asignado y otra en la que paulatinamente la dominación masculina se deslegitima, los conflictos surgen.

Anualmente, en el mundo, unas 66.000 mujeres y niñas son asesinadas, según el informe “Femicide: A Global Problem” del estudio “Small arms survey” del año 2012. Entre  los países que más   feminicidios hay  se encuentran El Salvador, Jamaica, Sudáfrica  y Guatemala, en donde el  número de mujeres asesinadas oscila entre 9 y 12 por cada 100.000 habitantes. En   el mundo se registran actos de violencia contra las mujeres,  aunque en algunos países las estadísticas son menos alarmantes.

Escalofriante es el caso de Ciudad Juárez, considerada como la urbe más peligrosa del mundo para las mujeres. Ubicada en la frontera americano-mexicana  tiene la tasa más elevada de feminicidios, al superar 19 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El tema en esta región se manifiesta en un contexto de cuestionamiento del sistema patriarcal tradicional -y sus desviaciones-, pero también dentro de la guerra de los narcotraficantes y de la pobreza que caracterizan al territorio mexicano.

La mayor parte de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez trabaja  en las maquiladoras, empresas transnacionales que usan mano de obra barata. Los feminicidios, como lo describe Julia E. Monárrez Fragoso, son de diferentes tipos, entre los cuales figuran los relacionados con profesiones estigmatizadas, con tráfico de drogas y crimen organizado, los que conciernen a la esfera privada, o los sexuales sistémicos. Este último engloba la inacción del Estado y su refuerzo de la dominación patriarcal.

Hay que romper el silencio

Sin ir tan lejos, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde incluye en el feminicidio el tema de la impunidad. Hace falta combatirla, tanto la de los asesinos como la de varios Estados que permanecen pasivos frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio. En 2006, en Ecuador, se contabilizaron  8.945 casos de delitos sexuales de los que solo 228 tuvieron sentencia.
El fenómeno de las “muertas de Juárez”, presente desde la mitad de los años 90 del siglo pasado, dio lugar a la “Sentencia del Campo Algodonero” el 16 de noviembre de 2009, siendo esa la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la existencia de homicidios de mujeres por razones de género.
Se condenó al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos, al incumplir sus obligaciones presentes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este acto jurídico contribuyó a la visibilización de los feminicidios y  abrió la posibilidad de luchas más eficientes.

La legislación en contra de todas las formas de violencia está presente a nivel nacional e internacional, pero aún   falta ejecutarla plenamente. A través de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Convención Belém do Pará, y del Estatuto de Roma que ratificó, así como de los artículos 23 y 41 del Código Penal, Ecuador puede enfrentar legalmente los diferentes tipos de violencia contra las mujeres en el país. El Gobierno contempla establecer una pena especial de hasta 28 años de prisión para los autores de feminicidios, según consta en el proyecto de Código Integral Penal que debate la Asamblea.

En varios países del mundo el término está ausente de su legislación, pues algunos gobiernos arguyen que sería una medida discriminatoria y de diferenciación entre hombres y  mujeres. En realidad, ¿cuál es la verdadera discriminación? El obstáculo relevante a una ley específica, según el punto de vista de la socióloga francesa Jules Falquet, es la manera en la que se puede demostrar la característica misógina de un crimen. Esos son límites por sobrepasar.

De los doce países con más asesinatos de mujeres en el mundo, cinco pertenecen a América Latina (El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia  y Bolivia). El Instituto de Estudios del Capital Social mostró que, en el caso de la violencia de parejas, el 45% de los asesinatos está  relacionado  con la ruptura de una relación. Más allá de la muerte, el combate debe centrarse en toda forma de violencia, desde la verbal y psicológica hasta la física, cuya expresión más extrema es el feminicidio. En muchos casos, los asesinatos de mujeres resultan crímenes sin castigo, vicios impunes.
Desde algunos años se empezó a romper el silencio alrededor de esta problemática, pero el tema requiere visibilidad, reacciones y prevención desde una educación que sensibilice a la población.

Para luchar contra el feminicidio  es necesario enfrentar la realidad. Es con una toma de conciencia global que se harán más eficientes las protestas para que las muertes ya no permanezcan anónimas y se haga justicia.