Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), asesinado hace 10 años, se mantiene a la expectativa de las nuevas diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado.

Ochoa ha declarado abiertamente que no confía en la justicia ecuatoriana, pero está al pendiente del giro que tomó el caso, después de que Iván León, juez de la Corte Nacional de Justicia, aceptó reabrir la investigación en contra de 19 personas, entre ellas Javier Ponce, ministro de Defensa en el régimen de Rafael Correa, por un presunto delito de peculado.

El caso se investigó en un principio como delito común, pero Ochoa ha insistido que el asesinato de su esposo fue por sus denuncias en torno a irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv que hizo la FAE en 2008, poco después de que su esposo dejara el cargo.

El contrato se realizó a la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 42 millones. El tiempo le dio a la razón a Gabela, ya que de siete helicópteros, cuatro se estrellaron y los tres fueron deshabilitados.

Si bien el caso fue declarado como una muerte por delito común, según un Comité Interinstitucional creado en el régimen de Rafael Correa, la Fiscalía puso el caso en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.

Ramiro García, abogado de la familia Gabela desde hace tres años, consideró como acertada la decisión de que el caso pase a manos de esa Comisión en la Fiscalía.

El jurista planteó tres motivos por los cuales, la causa -desde un inicio- debió haber sido puesto en esta unidad.

En primer lugar, porque la Fiscalía General estableció que se trató de un hecho de ejecución extrajudicial.

En segundo lugar, debido a que ya no se toma en cuenta como delito común, sino como un atentado a los derechos humanos, se trataría de un hecho que ya no es prescriptible, es decir, el delito no tiene un plazo de vencimiento.

En tercer lugar, al tratarse de una presunta vinculación de funcionarios y empleados del Estado, se hablaría de un delito de Estado.

"Para la familia Gabela, siempre fue una ejecución extrajudicial y hay varios delitos que hay que investigarse. Eso fue tomado en cuenta y se dispuso que la Comisión de la Verdad se haga caso de la investigación", explicó Román.

El abogado reiteró que tras este nuevo giro que ha tomado el caso, se mantendrán alertas hasta ver que sean sancionados los responsables de la muerte del General Gabela. De lo contrario, acudirán a cortes internacionales.

"Es importante que se pronuncie el Estado. En caso de que no haya respuestas la familia tendrá que acudir a organismos internacionales exigiendo que se haga justicia", reiteró Román. (I)