El miércoles 10 de abril del 2019, a las 08:30, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se reinstalará la la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol, joven de 17 años, exestudiante del Colegio Mejía.

El joven fue detenido ilegalmente y torturado mientras se desarrollaban las protestas sociales en la ciudad de Quito, el 17 de septiembre de 2014.

La primera vez que la Corte suspendió la audiencia fue el pasado 10 de enero de 2019, cuando la defensa de David A. pidiera que se difiera la fecha de la diligencia debido al cambio de abogados del caso; y la segunda, fue, según la misma Corte, porque no se notificó a la defensa de David A., para que asista a la audiencia que se tenía previsto que se desarrolle el 8 de febrero de 2019, recontó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

La entidad detalló que la familia de Ángelo Ayol, así como el subteniente de la Policía Nacional, David A., y el cabo segundo de la Policía Freddy F. apelaran la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, del 2 de julio de 2018, que condenó al subteniente, como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años de prisión y a cancelar 40 salarios básicos unificados como multa.; y a Freddy F. por el delito de omisión con una pena de 5 años. Además, se ordenó que la familia Ayol Barros reciba de parte del entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos acompañamiento psicológico permanente.

Dentro de la argumentación de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, del 2 de julio de 2018, el magistrado relató que aquel 17 de septiembre, Ángelo de 17 años salió de clases pasadas las 18:00 cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de control de las manifestaciones, pero antes de aprenderlo el joven recibió puntapiés, golpes y una moto lo atropelló como lo estableció el peritaje médico, psicológico y de entorno social. Esto bajo la custodia policial del subteniente David A.

La suspensión de la audiencia generó indignación y dudas a la familia Ayol. "Seguiremos hasta donde tengamos que llegar para conseguir justicia" indicó el padre del joven, resuelto a no abandonar la judicialización de este caso.

Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh y abogado de la familia Ayol Barros, exige justicia para la familia que, por casi 5 años, ha vivido un proceso lleno de obstáculos tanto judiciales como emocionales. “Como Inredh esperamos que no se vuelva a dilatar más este proceso cuya resolución sienta un importante precedente de lucha y no impunidad sobre la tortura en Ecuador”, concluye. (I)