Falta de denuncias causa lentitud en acción judicial

Por falta de denuncias y de la ratificación de las mismas ante la Fiscalía, delincuentes que operan en Guayaquil han recuperado su libertad, por lo que los delitos cometidos han quedado en la impunidad. Así lo confirmó el comandante del Distrito Metropolitano de Policía, coronel Ramiro Mantilla.

El jefe policial informó que el año pasado el índice delictivo en la ciudad tuvo altas y bajas, mientras  que los delitos más comunes que se registraron durante el primer quinquimestre de 2011 en el distrito fueron la violencia intrafamiliar, las riñas, el secuestro exprés y el asalto y robo a personas.

“Detuvimos una importante cantidad de personas que se dedican a diferentes delitos, pero recuperaron su libertad porque las víctimas no presentaron las denuncias ante la Fiscalía, y en otros casos no las ratificaron”, indicó el oficial.

Tomando como premisa que la impunidad es la falta de castigo o el estado en que se encuentra un hecho delictivo que no ha sido sancionado con la pena que por ley le corresponde, en Guayaquil, según Mantilla, existe una gran impunidad en delitos de acción pública, ya sea por falta de denuncia o peor aún, por funcionarios que no proceden de forma debida en la administración de  justicia.

Al referirse a ese tema, Antonio Gagliardo, fiscal provincial del Guayas, indicó que diversos delitos de acción pública son iniciados por la Fiscalía  sin el apoyo de las partes afectadas. Reveló, además, que alrededor del 70% de los  actos ilícitos que  ingresan a la tipificación de acción pública no es denunciado, por lo que es necesario hacer hincapié en que se presente  la denuncia para  que se dé continuidad al proceso de investigación.

Sin embargo, Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador, manifestó que no es razonable indicar que por la falta de denuncias los hechos ilícitos puedan quedar en la impunidad, puesto que la Fiscalía tiene la atribución exclusiva de impulsar la causa penal en delitos de acción pública, sin necesidad de la participación de la víctima.

“En un sistema acusatorio oral como el nuestro no es indispensable la denuncia ni la acusación particular, basta que el fiscal llegue a tener conocimiento de la noticia del delito para iniciar una investigación, y si amerita, continuar el proceso; el fiscal tiene que impulsar la causa hasta su culminación, mediante una sentencia”, explicó Pazmiño.

La impunidad se agrava por falta de sanciones, indicó José Luis Solórzano, abogado en el libre ejercicio. “Las cifras oficiales lo demuestran así”. Puso como ejemplo que mientras en 2010 la Fiscalía conoció a escala nacional 521 denuncias por usura (cobro excesivo por un préstamo de dinero que se realiza en forma poco regulada), en el Consejo de la Judicatura (CJ) no se registran sentencias.

Según el profesional del Derecho, esto se debe a que la gente prefiere no denunciar por temor a las   represalias, pues -según la Policía- los “prestadiarios” actúan con cuerpos de seguridad y hombres armados para cobrar las cuotas.

A la misma conclusión llegó el experto en seguridad ciudadana Daniel Adler, quien aseguró que las cifras del nivel de inseguridad en Guayaquil, de acuerdo con un  sondeo realizado por Radar Informativo, solo entre el 15 de diciembre de 2010 y 5 de enero de 2011 reflejó que el 67% de las personas, que fueron víctimas directas de la delincuencia, optó por no  denunciar el caso en la Fiscalía.

De allí, agregó el consultor, se desprende que el nivel delictivo es superior al que revelan las estadísticas procesadas por la  Policía, originando lo que los operadores de justicia llaman comúnmente como las “cifras negras del delito”.

Ante esa situación, la Fiscalía, durante la última casa abierta desarrollada en el Palacio de Cristal de Guayaquil, en marzo pasado, buscó  establecer un acercamiento con la colectividad para que conozca cómo se deben hacer las denuncias y el seguimiento de los procesos emprendidos por la entidad.

Así lo manifestó en ese entonces Pedro Ortega, coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes, quien agregó que  la intención de la institución es  incentivar a la población para que denuncie  los hechos delictivos, como   contribución a la lucha contra la impunidad.

Gagliardo dijo que  la Fiscalía busca reducir la llamada “cifra negra u oscura del delito”, manejando   las cifras oficiales, es decir, aquellas que son denunciadas en las oficinas fiscales. Detalló, además, que mientras la Fiscalía instaure más unidades y aumente el número de agentes fiscales -actualmente en Guayas hay 130, de quienes 90 trabajan en Guayaquil-  la ciudadanía podrá denunciar los delitos.

A pesar de que en los delitos de homicidio y robo agravado la Fiscalía debe actuar de oficio, las investigaciones  se suspenden al no haber denuncias. En todos los delitos de acción pública la Fiscalía actúa de oficio, sin que se requiera denuncia, hasta el final del proceso, interponiendo los recursos que le franquea la ley. Todas las denuncias merecen igual importancia, dijo.

Ortega explicó que los delitos sexuales, fraudes de todo tipo y abusos de confianza, homicidio, robo o asaltos en cualquiera de sus modalidades, son ejemplos de delitos de acción pública y están tipificados en el Código Penal, atribuyéndoles diferentes penalidades que se clasifican en delitos graves y no graves, algunos alcanzan fianza y otros no.

En ese sentido, el funcionario exhortó a las posibles víctimas de un delito de acción pública que lo denuncien  ante la Fiscalía, puesto que la simple detención de una persona por parte de la Policía no garantiza el seguimiento de la investigación. Regularmente, para que eso suceda, debe existir antes una denuncia y la ratificación de la misma.

Un informe de la Fiscalía General del Estado (2007-2010) revela que  el 77% de las denuncias en el país corresponde a delitos comunes (robo, hurto, asesinatos),  el 20% es  de tránsito y el 2,5%  fue perpetrado por adolescentes infractores.