Luego de 59 días, este miércoles 29 de mayo del 2019  finaliza en la Unidad Judicial de Durán el juicio contra Iván E. y otros 3 implicados en el delito de lavado de activos, que les sigue la Fiscalía y Contraloría General del Estado.

Se trata del segundo juicio contra el exdirector provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guayas y exministro.

El primero, por peculado, finalizó el 15 de febrero. En esta causa fue declarado inocente por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas.

En aquella ocasión se criticó la actuación del fiscal del caso, Walter Jaramillo, por presentar un argumento débil.

Una de las acciones que se reprochó fue el nombramiento de Carla Solís como jefa del equipo auditor. La funcionaria no contaba con un título de tercer nivel, por lo que la auditoría que realizó sobre Iván E. quedó sin sustento.

El fallo motivó que la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, abriera una investigación a los jueces Smirnova Calderón, Edwin Logroño y Edora Varas para determinar si actuaron de forma irregular.

En este caso, la Fiscalía interpuso una apelación, la cual aún no ha sido resuelta.

130 pruebas fueron presentadas

En el actual juicio, la fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, Ivonne Proaño, ha presentado 130 pruebas documentales y 83 testigos para explicar cómo los imputados incurrieron en el mencionado delito.

Durante la querella, Proaño explicó el rol de cada procesado en un plan para ingresar al sistema financiero nacional, dinero obtenido de forma ilícita por Iván E. cuando ocupaba cargos gerenciales del sector público.
La acusación abarca el periodo 2010-2016, cuando fue director del hospital del IESS de Durán, director provincial del IESS, entre otros.

Indicó que el principal acusado se valió de depósitos bancarios, venta de acciones y vehículos, un crédito hipotecario y varios créditos personales para “limpiar” la suma de $ 771,393.37.

Por su parte Wálter A. -otro de los implicados-, quien trabajaba como colaborador de Iván E., realizó depósitos de sumas superiores a $ 5.000, sin exponer el origen como exige la ley.

En esto lo ayudó su esposa Johanna V. -también imputada-., quien como trabajadora de un banco de la ciudad receptó los dineros sin exigir los documentos necesarios.

En cambio, Juan Carlos B. -cuarto acusado- ayudó facilitando su nombre en la supuesta compra de acciones empresariales de la compañía Servicios Médicos Nacionales, en la cual Iván E. constaba como accionista.

La fiscal aseguró que los tres primeros actuaron en calidad de autores, mientras que el último lo hizo como cómplice. Además, afirmó que todos actuaron con conocimiento de causa, por lo que pidió la pena máxima de 13 años de prisión.

Para los abogados defensores el proceso carece de sentido, pues la acusación deriva de la denuncia de peculado, en la cual se ratificó la inocencia.

César García, uno de los jurista, aseguró que si ya se determinó que Iván E. no se apropió de dineros estatales ni ayudó a terceros para el mismo fin, no existen valores por legitimar. En el caso de ser declarado inocente, Iván E. seguiría detenido, ya que en su contra aún pesa una acusación por enriquecimiento ilícito, en etapa preparatoria de juicio.

La causa se origina por un informe de Contraloría, que concluye que no justificó la adquisición de bienes y los valores de sus cuentas. (I)