Johnny Cadena fue guía penitenciario desde 2011 hasta 2016, cuando fue destituido del cargo por  denunciar varias irregularidades del director de un centro, quien mantenía nexos con privados de la libertad. Eso le causó su destitución.

Santiago Carrillo, otro guía, trabajó cinco años en un centro de rehabilitación, también realizó una requisa y encontró drogas, armas artesanales y celulares, que presuntamente pertenecían a un supuesto líder delictivo, que manejaba ese centro en el pabellón 11.

Denunció el hecho y empezaron las persecuciones. Desde el inicio -dijo- que encontró irregularidades y que el director le dijo “debe adaptarse”, pero como no lo hizo lo botaron.

Un caso similar tuvo  Alejandro Salazar, quien denunció que a ellos y a los reos les entregaban comida en mal estado, así como que los centros no contaban con seguridades. En una requisa encontró objetos prohibidos en la celda de un reo. Denunció el hecho al director, quien se puso a favor del privado de libertad.

Casos como los de estos guías penitenciarios son comunes. Por ello, los exservidores de esos centros, que fueron suspendidos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, piden volver a sus cargos y que sus hojas de vida sean tomadas en cuenta en el estado de excepción y emergencia institucional del sistema penitenciario del país.

El lunes, los exguías entregarán sus hojas de vida a Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social.

La Plataforma de Abogados por la Unidad y el Cambio en el Ecuador realizó un manifiesto, en donde, entre otros puntos, solicita que los perfiles profesionales de los exguías sean analizados.

Según Itania Villarroel, exdirectora nacional y provincial de Rehabilitación Social, hay crisis organizacional administrativa, de seguridad y logística, así como ausencia de políticas de rehabilitación.

La abogada Mercy Magallanes comparte el criterio. Cree que las nuevas cárceles se convirtieron en “bodegas para la fotografía”. (I)