La pandemia por el covid-19 sacudió no solo a Ecuador, sino al planeta entero. Y fue el escenario propicio para que se realizaran actos de corrupción, aprovechando la emergencia sanitaria.

El Municipio de Quito no estuvo exento de estas actividades al margen de la ley. Desde el 27 de mayo comenzaron a develarse diversos contratos en los que entes, como la Contraloría y la Fiscalía, detectaron irregularidades, que llevaron a operativos, allanamientos y detenciones.

En menos de un mes son cinco investigaciones que adelantan las autoridades. Algunos funcionarios han sido separados de sus cargos o han dimitido. Todo esto enturbia la gestión del alcalde Jorge Yunda frente a la pandemia, que había sido bien recibida por la comunidad, ya que tomó medidas que muchos consideraron acertadas para proteger la salud de los quiteños.

Dos exburgomaestres: Paco Moncayo y Roque Sevilla, coinciden en que existe un decaimiento moral y una falta de controles más severos, así como una mayor reacción ciudadana frente a los corruptos que llegan a puestos públicos, no para servir a la comunidad, sino para aprovecharse y enriquecerse.

"Hay que reconstruir el sistema político del país"

Paco Moncayo. Exalcalde de Quito. Foto: Archivo / El Telégrafo

¿Por qué se producen los casos de corrupción en el Municipio de Quito?
Ha habido un decaimiento moral, que no solo es de ahora. Antes no se podía uno imaginar que en el Municipio de Quito existieran concejales sesionando con grilletes, denuncias contra concejales que cobran entre $ 3 mil y $ 5 mil para la acreditación de taxistas; el caso de Odebrecht en la Ruta Viva y la Ruta a Collas, pero aquí nunca pasa nada, un escándalo tapa al otro. Son ejemplos de decaimiento moral que antes no existían en el Municipio.

¿Qué factores facilitan que se produzcan estos actos de corrupción?
Las campañas comprometen muchos recursos y después tienen que pagar favores. Además, el origen de la autoridad es cuestionable, porque es evidente el fraude electoral, pues en la víspera gana con el 40% de intención de votos y el día de elecciones gana con el 17%; entonces la política ecuatoriana está podrida. Necesitamos una reconstrucción total de la política, los partidos se han convertido en empresas mafiosas; no todos, por supuesto. Llega gente que no ha trabajado en su vida y se hacen millonarios.

¿Qué medidas se pueden tomar para combatir la corrupción?
Las redes pueden influir mucho, aunque hay campañas difamatorias y allí no se puede hacer nada. Estamos en un mundo distinto, ahora hay medios digitales; tampoco necesitamos tantos partidos y movimientos políticos. Esto ha producido la descomposición del sistema y se requiere reconstruir el sistema político para elegir bien, crear mecanismos de control adecuados, porque ya la podredumbre es total.

¿El Municipio tiene herramientas para prevenir actos de corrupción?
Cuando llegué a la Alcaldía lo que hice fue crear una comisión cívica contra la corrupción que se llamó Quito Honesto. Después quedó como una institución burocrática. Lo que propongo ahora es que haya una rama de la comisión cívica de manera que la sociedad civil, sin ningún vínculo político, pueda controlar.

Debe haber una división clara, no solo en Quito, sino en todo el país. Que el Concejo ejerza su función fiscalizadora y se separe de la administración, porque hay concejales vinculados con empresas municipales y no pueden ser juez y parte. Debe haber una división clara entre legislación y administración.

"Frente a la corrupción hay que ser más severos"

Roque Sevilla. Exalcalde de Quito. Foto: Archivo / El Telégrafo

¿A qué se debe la situación del Municipio, inmerso en casos de corrupción?
No llama la atención que haya tantas denuncias y acusaciones; pese a que no hay pronunciamiento de jueces, pero existen informes de Contraloría con la posible acción penal contra el Alcalde de Quito ante las denuncias de corrupción en la Empresa de Agua Potable, en la adquisición de pruebas de detección de covid-19 y la mala administración del relleno sanitario; todo ha sucedido en dos semanas. Esto evidencia una falta de gestión administrativa y una permisividad de funcionarios de muy dudosa gestión.

El Concejo, por ser ente fiscalizador, ¿tiene responsabilidad?
Definitivamente. No se olvide de que los concejales tienen dos funciones específicas: legislar y fiscalizar. En el último caso hay demasiadas denuncias para que el Concejo no demande al menos una explicación; caso contrario, no tomarán las medidas debidas.

¿Qué factores inciden para que se produzcan estos actos?
No se olvide de que el gobierno de Rafael Correa se caracterizó por un abuso del poder, comenzando por las declaraciones de emergencia, lo que permitía evadir cualquier control y transparencia en las contrataciones. Estas se hacían a dedo y en condiciones adversas para el Estado y eso contagió a los municipios, como está pasando en Quito. Eso tenemos que corregir, poner gente decente y no por influencias.

¿Qué acciones se pueden tomar para evitar la corrupción?
Un gobierno que siente normativas que son conocidas y estructuradas, existe la normativa para eso y el procedimiento para su aplicación; con eso se volvería difícil para los delincuentes aprovecharse de los recursos. Lo primero es un gobierno transparente, y lo segundo, líderes honestos en lo político y ético, lo cual no tenemos.

¿Se requiere que la ciudadanía ejerza un rol más activo?
Hay otro aspecto: la educación. Existe la idea de que robe con tal de que haga obras, está la pobreza, la desesperación y desatención a los sectores populares; eso hay que eliminar también. Pero el que va al servicio público debe servir al ciudadano, caso contrario, que se quede en su casa, porque si no, se vuelve un delincuente común. Deberíamos ser más severos en los castigos para frenar la corrupción. (I)