Ex ejecutivo de Invermun es detenido en Guayaquil, tras estar 7 meses prófugo

Dando cumplimiento a la boleta de captura emitida el 4 de enero de 2012 por Marco Rodríguez Ruiz, presidente del  Noveno Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, miembros policiales procedieron la tarde de ayer a la detención de Jaime Eduardo Solórzano Ycaza, ex directivo de la empresa Invermun, acusado por los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado y por el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, del supuesto delito de desacato.

El judicial dispuso en esa fecha a la Policía Judicial de Pichincha y de Guayas para que se proceda a la localización y captura de Solórzano, a fin de que comparezca a la audiencia de juzgamiento, que fue convocada en tres ocasiones.

Según el parte de aprehensión, elaborado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase), Solórzano fue detenido a las 13:10, en instantes en que salía  del edificio Finansur, en la avenida 9 de Octubre y Los Ríos, lugar donde funcionan las oficinas de la compañía Aplitec, de propiedad de Fabricio Correa.

El parte destaca, además, que Solórzano presentaba características -corte de cabello y  físico- completamente diferentes.

Jaime Solórzano fue acusado por desacato (delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones)  en 2010 a raíz de una declaración juramentada que hizo en Guayaquil, en la que manifestó  que Vinicio Alvarado recibía coimas por parte de  Invermun, para gestionar el funcionamiento de los casinos y casas de juego.

Sobre la base de la declaración de Solórzano, el 19 de octubre de 2009, Fabricio Correa hizo la denuncia pública de una supuesta red de corrupción, liderada por Alvarado, ante la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el abogado defensor de Invermun, Francisco Minda Bastidas, informó  durante el proceso que  Solórzano -quien laboró cuatro años en el área administrativa- enfrentó tres demandas en 2009 por propagar rumores falsos, por extorsión para obtener indemnizaciones por parte de la empresa, pese a que fue separado legalmente; y para que rinda una confesión judicial donde aclare cómo obtuvo la supuesta documentación que presenta en contra de la compañía.

Las demandas fueron presentadas en ese entonces ante la Comisaría Sexta de Policía del Guayas.