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Equipos tecnológicos y tácticos reforzarán la seguridad en las cárceles

En los exteriores de los centros carcelarios del país, la Policía es el segundo filtro que registra el ingreso de los visitantes.
En los exteriores de los centros carcelarios del país, la Policía es el segundo filtro que registra el ingreso de los visitantes.
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO
25 de junio de 2019 - 00:00 - Redacción Justicia

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) convocó la mañana de ayer a proveedores para la adquisición de equipos tecnológicos destinados a las cárceles del país.

La medida se toma 40 días después de la declaratoria del estado de excepción o emergencia en el sistema penitenciario de Ecuador por parte del presidente Lenín Moreno, mediante Decreto Ejecutivo firmado el 16 de mayo de 2019.

En este lapso hubo 11 muertes violentas en centros de rehabilitación social.

También, el Servicio Integral de Ecuador invertirá en vestimenta, equipo táctico, armamento no letal, pertrechos, entre otros, para la seguridad penitenciaria.

El sector carcelario tiene un 61% de déficit de guías, mencionó Christian Bahamonte, funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Los directivos del SNAI dieron plazo hasta el 28 de junio a los proveedores para que presenten sus propuestas de contratación.

Estas decisiones se enmarcan dentro de los cinco principios básicos del general Edmundo Moncayo, director del SNAI, para lograr una gestión eficiente.

Estos son: decisión política, inversión inicial y continua, readecuación de la conducta, calidad y rigurosidad en la selección de personal y la profesionalización para los agentes. 

Moncayo trabaja en la implementación de nuevos equipos. “Sabemos que la solución no es inmediata, pero tenemos un plan de medidas a corto, mediano y largo plazo”.

Consideró que la reclasificación de los privados de la libertad es vital. Para ello deben existir medidas de seguridad y restricciones acordes al análisis psicológico de cada uno de ellos, proceso que garantizará su rehabilitación social.

Además, la Función Judicial debe cumplir con los tiempos de pena estipulados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Al momento 25.526 privados de la libertad tienen sentencia en firme y 13.076 están procesados. (I)  

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