Al interior de una vivienda de la Cooperativa Modelo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la violación a una menor de edad era recurrente. En 2014, Claudia (nombre protegido) acababa de cumplir 11 años cuando Miguel F., su padrastro, abusó de ella.

El hombre, aprovechando la relación de pareja que tenía con la madre de la niña, fingió ser amigo de la menor para después agredirla sexualmente.

A pesar de que el individuo amenazó con matar a su madre si ella lo acusaba, Claudia le contó a su progenitora y presentaron la denuncia. La niña se sometió a un examen legista que confirmó el daño.

El hombre se dio a la fuga; el miércoles 20 de mayo fue localizado en la parroquia Bombolí. El arresto lo ejecutó la Unidad Especializada Bloque de Búsqueda de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones.

La emergencia sanitaria a causa del covid-19 no impide a la Policía la localización y detención de los delincuentes de la lista de “Los Más Buscados”. Es un procedimiento de búsqueda de prófugos con altos índices de peligrosidad.

El coronel Pablo León, subdirector de la Policía Judicial, advirtió que la Unidad opera de la mano con la Fiscalía y en territorio. “No ha descuidado su misión que es la ubicación y captura”, dijo.

“Los Más Buscados” se dividen en delitos de acción pública, delitos de violencia de género y requeridos de alta peligrosidad.

El sistema, vigente desde 2011, tiene resultados favorables, dijo Diego Tipán, subsecretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno. En 2018 fueron capturados 27 delincuentes y 38 en 2019.

La productividad en lo que va de 2020 también refleja resultados, advirtió el Mayor Juan Carlos Valverde, jefe del Bloque de Búsqueda.

Miguel F. fue catalogado como el séptimo “Más Buscado” a escala nacional dentro del Programa de Delitos de Violencia de Género. Él es el sexto detenido en este año, en este grupo.

En este mismo lapso se detuvo a tres antisociales por delitos de acción pública y a otros 30 de alta peligrosidad.

A pesar de estos resultados, Valverde reconoció que la labor durante la pandemia no es sencilla, ya que al aumentar los controles por tránsito y toque de queda esas personas tienen cuidado de salir de sus escondites.

“Antes de la emergencia, los individuos se movilizaban más, lo que posibilitaba su localización”, explicó.

Actualización de datos

La búsqueda funciona con un sistema de recompensas. Los ciudadanos que tengan indicio de la ubicación de algún antisocial deben llamar al  1800 Delito (335486).

La identidad de los denunciantes es reservada. En caso de dar datos que permitan la captura se cancela hasta $ 10.000 por un “buscado nacional” y hasta  $ 5.000, por uno provincial.

El presupuesto con el que cuenta el programa es de alrededor de $ 200.000 entre 2018 y 2020.

Tipán añadió otro hecho para culminar con la sanción para los delincuentes.

A su criterio es importante que el servicio de justicia mantenga actualizada las órdenes de captura.

Explicó que se han presentado casos en que después de detener a una persona y trasladarla al Servicio de Rehabilitación Social se han topado con la novedad de que no está actualizada la orden de prisión, de modo que no han recibido al detenido.

Señaló que la Policía se ha quedado con el delincuente sin saber a quién entregarlo.

“Es importante articular esfuerzos entre el área judicial y policial para alcanzar una sanción efectiva”, expresó Tipán. (I)