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El Telégrafo
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En octubre regirá plazo para la unificación de los centros forenses

Los peritos forenses de Criminalística trabajan en la escena de un crimen.
Los peritos forenses de Criminalística trabajan en la escena de un crimen.
Foto: Marco Salgado / El Telégrafo
29 de agosto de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

El tiempo se agota, y solo faltan dos meses para que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses absorba a los ocho laboratorios o anfiteatros de la Fiscalía. El proceso se desarrolla desde hace un año.

Este procedimiento lo determina el decreto ejecutivo firmado en agosto de 2015, por el expresidente Rafael Correa y el  Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), expedido el 21 de junio de 2017.

El Coescop indica que “en el plazo de 120 días desde la fecha de expedición de este código, la Fiscalía y el Ministerio del Interior transferirán de forma integral todos los bienes muebles e inmuebles y partidas presupuestarias que son utilizadas para la prestación del Servicio Forense”.

Además, en la disposición transitoria del decreto de creación de la nueva institución se señala que “todos los bienes muebles, inmuebles, activos  que son utilizados por la Fiscalía en materia de medicina legal y ciencias forenses pasarán a integrar el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Situación actual del proceso

Paula Vernimmen, directora general del Servicio Nacional de Medicina Legal, dijo que el proceso de articulación avanza, sobre todo, en los  centros de Guayaquil y Quito. “El objetivo es unificar en un solo espacio todos los servicios de medicina legal del país” .

La funcionaria mencionó que antes de la firma del decreto todos los servicios que prestaban la Fiscalía y Policía Nacional estaban separados y causaban demora en las investigaciones.

Indicó que los ocho centros están en proceso de integración, pero aún no se cumple el traspaso de estos bienes. En junio de 2017 Inmobiliar dictaminó que las instituciones del Estado que ocupan edificaciones públicas pasarían a ser dueños de esos inmuebles, lo que ahorraría el tiempo en el traspaso de bienes.

Agregó que en el caso de los centros forenses de la Fiscalía el proceso es más complicado, puesto que estas instituciones son parte de la Función Judicial y no Ejecutiva. Uno de los avances logrados es que el personal civil y policial que trabaja en medicina legal sea parte del Servicio Nacional. 

Explicó que el retraso en la unificación no afectó el trabajo técnico que prestan los laboratorios y avanza en las estandarizaciones técnicas y científicas en investigaciones en áreas como laboratorios de ADN, Toxicología y Química Forense. 

Sobre el presupuesto que manejará el Servicio Nacional con los ocho  centros forenses de la Fiscalía, dijo que estos son aún financiados por la entidad. “Cuando pasen (anfiteatros), calculamos que con $800.000 compraremos reactivos, equipos e instrumentos de laboratorio, para ello, pedimos a Finanzas una reforma para acceder a este presupuesto”.

La inversión en la red de centros forenses fue de $ 5’900.000 desde 2013. La Fiscalía administra los centros de Manta, Machala, Loja, Santo Domingo, Nueva Loja, Esmeraldas y Cuenca.

Garantía de un mejor servicio

El laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses realiza 90.000 pericias al año, a nivel nacional, en diferentes áreas investigativas. En los edificios trabajan  1.000 personas, entre técnicos de la Policía Nacional y civiles.

Fausto Olivos, coordinador nacional de Criminalística de la Policía, considera que es importante la integración total de los centros forenses. “Existía una desarticulación, aunque siempre mantuvimos canales de comunicación con la Fiscalía para el manejo investigativo”.

Mencionó que con la articulación del personal policial y civil se potenciaron las investigaciones en áreas que antes no había técnicos, como odontología, psiquiatría, antropología, medicina legal, entomología, etc.

Para Alexandra Mantilla, funcionaria de Criminalística, el Servicio Nacional de Medicina Legal debe capacitar a científicos civiles y policiales, lo que beneficiaría los procesos de investigación. (I)

 

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