Los bloques habitacionales denominados ‘casas colectivas’ tienen más de 65 años asentados en las calles Gómez Rendón y José Mascote, en el centro de Guayaquil. Uno de los habitantes que solo se hace llamar Pedro ya perdió la cuenta de cuántas veces, en más de 20 años, los han visitado autoridades con ofrecimientos de resolver sus problemas. No pierde la esperanza de que esta vez sea diferente, pues “algo he escuchado de que quieren hacer una intervención integral”.

La mañana de ayer delegados de instituciones como el Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Intendencia de Policía, Gobernación de Guayas, entre otros, recorrieron los predios en los que habitan 354 familias, conformadas por más de 680 personas. A simple vista hay problemas de inseguridad, insalubridad, desorganización y más.

Jaime Salazar, jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y ayudante de operaciones de la Policía Nacional, indicó que así como se intervinieron sectores como el callejón Décima y 10 de Agosto (Guayaquil) y el Cerro de las Cabras (Durán) se trabajará en las ‘casas colectivas’. “Vamos a recuperar este espacio, porque estamos rompiendo todos los ‘mitos de la inseguridad’. Diariamente en la zona se realizan 4 megaoperativos y sí ha habido casos dentro de la edificación”.

“Es un foco de alto riesgo de salud pública. Hay falta de ventilación, hacinamiento, basura, y eso puede generar enfermedades que pueden afectar a la comunidad, como cólera, tifoidea, leptospirosis y meningococo. Hemos tomado nota porque la intervención en salud debe ser inmediata”, señaló Eduardo Sandoval, coordinador del MSP de la zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

El temor común entre los moradores es quedarse sin un lugar para vivir y se manifestaron dispuestos a pagar arriendo y los servicios básicos que hace más de una década dejaron de cancelar.

“Tenemos más de $ 110 mil que pagar de agua potable y hasta ahora no hay quién cancele. Llevan sin pagar arriendo desde el año 2005 y tampoco hemos visto intenciones de cumplir porque no han tenido aproximaciones”, reveló Yullet Erazo, directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Añadió que es importante levantar un estudio porque en 2014 “muchos no nos abrieron las puertas, pues no querían que viéramos en qué condiciones estaban viviendo”.

Julio César Quiñónez, gobernador de Guayas, señaló que este lunes se mantendrá una nueva reunión con delegados de ministerios e instituciones para realizar un censo para conocer las necesidades y tener la información en caso de una reubicación. El funcionario sostuvo que en un anterior estudio que realizó personal del IESS algunos moradores no abrieron las puertas de sus viviendas o los recibieron con comportamiento violento.

“Este es un primer recorrido que hacemos. Esto es una verdadera problemática para el sector, es un foco de inseguridad e insalubridad. Hay microtráfico, hay expendio. Son casas no habitables. Hay desbordes de aguas servidas, redes eléctricas informales, entre otras”, dijo.

Agregó que el día lunes, entre otros detalles, se analizará si es necesario demoler el edificio. (I)